Los vecinos plantean que el ministerio actúe en Ribalta como en el Cabanyal

NACHO MARTÍN CASTELLÓ La Plataforma SOS Ribalta advirtió ayer que planteará que el Ministerio de Cultura intervenga para paralizar el proyecto del trolebús por el parque Ribalta de Castelló -protegido como Bien de Interés Cultural- al igual que ha hecho con el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia en el Cabanyal.
Los miembros de la plataforma consideran que la actuación del ministerio en el Cabanyal para evitar un supuesto "acto de expolio" del patrimonio histórico sienta "un precedente" que puede ser determinante a la hora de decantar la balanza a favor de los más de 20.000 vecinos que exigen la protección del parque Ribalta.
El Ministerio de Cultura, a instancias de una sentencia del Tribunal Supremo, ha emitido esta semana una orden donde declara como "acto de expolio" del patrimonio histórico las obras previstas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI).
Una resolución del Supremo del pasado 25 de mayo ordenó al Ministerio de Cultura que se pronunciara sobre la actuación urbanística en el Conjunto Histórico Cabanyal-Canyamelar. La respuesta se ha hecho esperar, pero es contundente y se ha basado en los informes técnicos del propio ministerio y en los dictámenes del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia y el Museo Nacional de Cerámica González Martí.
La decisión final es tajante y obliga a los titulares de los bienes que integran el conjunto de suspender inmediatamente la ejecución del plan -incluida cualquier demolición- hasta que no "se adapte y garantice sus valores histórico-artísticos".
El Ministerio de Cultura posee competencia exclusiva en materia de defensa del Patrimonio Histórico Español contra la expoliación según los artículos 149.1.28 de la Constitución Española y 6.b de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico.
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló han iniciado la obra del trolebús a pesar de cinco dictámenes desfavorables de organismos consultivos del Consell (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat de València, Universitat Politécnica y Universitat Jaume I de Castelló). Además, el Partido Popular decidió de forma unilateral el inicio de las obras en abril de 2009 sin ni siquiera cumplir con las excavaciones requeridas y sin aprobar el Plan Especial de Protección que también exigía la Conselleria de Cultura como condicionante de una autorización elaborada a medida en un contexto de polémica y oposición del mundo académico.
La Dirección Territorial de la Conselleria de Cultura ordenó en 2008 a la Conselleria de Infraestructuras que antes de ejecutar el proyecto del trolebús en el parque Ribalta (protegido como Bien de Interés Cultural) debía cumplir con la exigencia de acometer catas arqueológicas en la Plaza de la Independencia -La Farola- y en la intersección entre la calle Zaragoza y las rondas Mijares y Magdalena. Ninguno de estos requisitos se ha llevado a cabo antes de comenzar las obras.