La lista de ayuntamientos fiscalizados aumenta a 14

J. R. CASTELLÓ La Sindicatura de Comptes suele apelar a la racionalización de los recursos humanos para justificar el por qué a lo largo de los últimos años ha ido rebajando el control sobre un sector público cada vez más amplio. La institución, que desde hace años también examina las cuentas de las entidades locales, ha ido paulatinamente derivando parte del personal que antes se dedicaban a la Generalitat a las corporaciones. El resultado es, como se ha visto, menos auditorías en las empresas públicas, pero mayor control en los ayuntamientos.
El Plan de Actuación de 2010 recoge cómo se ampliará el listado de ayuntamientos fiscalizados. En concreto, el Síndic analizará las cuentas de Ibi, Nàquera, Pobla de Farnals y Orba a petición de las propias corporaciones. Además, el Síndic elaborará un informe sobre las principales deficiencias observadas en la gestión de 2008 en los ayuntamientos de Gilet, Vinaròs, Burriana, Xirivella, L'Alcúdia de Crespins, L'Ènova y Rosell. Pero la fiscalización en el ámbito local irá más allá. El órgano fiscalizador anuncia una auditoría sobre la rendición de cuentas, el presupuesto y la contratación en los ayuntamientos de El Campello, La Vila Joiosa y Sueca. Estas entidades locales resultarán "castigadas" por no haber presentado sus cuentas a la Sindicatura. En total serán 14 los ayuntamientos auditados frente a los cinco propuestos en el plan de actuación del año pasado.
El informe sobre la aplicación de la nueva ley del sector público también afectará, según anuncia el Síndic, a los principales ayuntamientos y a la diputaciones provinciales. Al igual que en lo referente al sector público autonómico se revisarán las páginas webs.
Por otro lado, la institución también anuncia un informe especial sobre el sector local. Este estudio tratará de determinar si la Sindicatura tiene competencias para exigir a determinadas entidades locales el rendimiento de sus cuentas. Aunque no las cita expresamente, el Síndic podría estar refiriéndose a las diputaciones provinciales, que se resisten a presentar sus cuentas ante la institución. Entre las propuestas planteadas figuran, plantear medidas legislativas.