El Síndic rebajará el control sobre las empresas públicas pero vigilará la transparencia en la contratación

JULIA RUIZ CASTELLÓ La fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre las empresas y entidades dependientes de la Generalitat ha ido menguando a lo largo de los últimos años y 2010 no será una excepción. El plan de actuación de este año -que recoge las líneas básicas del trabajo del órgano auditor sobre las cuentas de 2008- consolida la exclusión de la auditoría completa del grueso de las empresas públicas y confirma la tendencia reducir el número de entes que se verán sometidos a un control específico en alguna de sus áreas de gestión. Con todo, y quizás para compensar las críticas recibidas por el último informe presentado en las Corts -en el que se aprecia como se ha suavizado el control sobre el sector público autonómico-, la Sindicatura anuncia un informe especial sobre la aplicación de la ley de contratos. Este trabajo se basará en comprobar si existe transparencia en las páginas webs de las distintas empresas públicas de la Generalitat.
Según el programa de actuación de 2010 difundido ayer, la Sindicatura, al margen de la cuenta de la Administración, sólo examinara de forma completa cinco entidades públicas; a saber: RTVV, Proyectos Temáticos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Entidad Pública de Transporte Metropolitano y la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Estas dos últimas no fueron analizadas el año anterior, por lo que, a priori, se amplia de 3 a 5 el número de entes sometidos al examen completo que hace años comprendía a todas entidades. Quizás basándose en este dato, la Sindicatura destaca en la presentación del plan anual que ampliará el número de entidades de la Generalitat "a las que se le va a realizar una fiscalización de mayor amplitud que el nivel de control formal de la rendición de cuentas".
Sin embargo, la ampliación queda en agua de borrajas, ya que este año el recorte afectará al denominado control sobre áreas especificas, donde la fiscalización se centra en apartados concretos de gestión. El plan de actuación referido al ejercicio de 2008 fijó que un total de 21 empresas y entidades verían parte de su gestión sometida al ojo fiscalizador del Síndic. Ahora sólo 14 entes tendrán que dar explicaciones concretas sobre cómo manejan los fondos públicos. Entre otras, se salvan del control empresas claves como Proyecto Cultural del Castelló, Circuito de Motor o el IVAM. Eso, sí entra en la lista la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunitat.
El listado de Fundaciones Públicas objeto de una fiscalización concreta pasa de seis a siete. El Síndic se fijará en como se han gestionado los gastos de explotación de las fundaciones de investigación de los hospitales La Fe de Valencia, el Doctor Peset, y el Universitario de Alicante. También examinará la Fundación contra los Malos Tratos y la Fundación Valenciana para la Calidad. Tampoco se salvará este año la Fundación del Palau de les Arts.
La Sindicatura destaca en su plan el "esfuerzo especial" que se va a hacer en la aplicación de la nueva ley de contratos del sector público. Sin embargo, el órgano fiscalizador no entrará a examinar las adjudicaciones realizadas. El estudio se centrará en revisar las las páginas webs de las entidades públicas para comprobar si se ha creado el perfil del contratante y si las instrucciones de contratación son accesibles por internet y se ajustan a la ley. "Toda la información se obtendrá por internet y no se utilizarán cuestionarios ni entrevistas directas", especifica el documento interno de trabajo.