El alcalde de Cabanes declara por la supuesta manipulación del censo

J. RUIZ CASTELLÓ El alcalde de Cabanes, el popular Artemio Siurana, está citado a declarar esta mañana en los juzgados de Castelló en calidad de imputado por el caso de la supuesta manipulación y engorde del censo electoral en la antesala de las pasadas municipales.
El caso fue archivado en primera instancia por el juez, que vio indicios de delito pero adujo que no se podía determinar el autor. La Audiencia Provincial ordenó la reapertura del caso, dada la "gravedad de los hechos denunciados", que "ponen en tela de juicio el funcionamiento del sistema democrático", según señaló. En la denuncia que desencadenó el proceso, el concejal de Iniciativa en Cabanes, Carles Mulet, relató que cerca de 40 personas, vecinas de la Vall d'Uixó, fueron empadronadas en la localidad días antes de acabar el plazo hábil de los censos electorales para poder votar en la pasadas elecciones municipales.
Estas personas, según apuntó, fueron ubicadas en domicilios deshabitados o en estado de semi ruina, propiedad del alcalde del municipio, tres sobrinos suyos y dos dirigentes del PP local. No sólo está citado hoy el alcalde. También deberán personarse ante el juzgado número 3 el secretario municipal, en calidad de testigo, el funcionario encargado de las altas del padrón, un vecino de la Vall d'Uixó, así como varios miembros del PP de Cabanes y familiares del primer edil. Las declaraciones continuarán mañana con el testimonio de otros vecinos de la Vall que fueron empadronados en Cabanes.

No hubo control
El auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial constató que el ayuntamiento no realizó un control de las altas en el padrón municipal, a partir del cual se conforma el censo electoral.
La oficina del censo sí que detectó anomalías y ordenó dar de baja a personas que no vivían en los domicilios donde aparecían empadronados. El problema es que la orden llegó después de las elecciones y estas personas pudieron votar. Por otra parte, la Audiencia hizo ver que tres de las 39 personas empadronadas alegaron no haber dado su consentimiento.