J.R. CASTELLÓ
El funcionario imputado en el caso de la posible manipulación del censo electoral de Cabanes dejó entrever en su declaración de ayer la laxitud con la que el ayuntamiento controlaba las altas en el padrón municipal. Corrigió su testimonio de hace un año para aclarar que los empadronados no siempre firmaban en el ayuntamiento y admitió que no se comprobaba que las personas inscritas residían efectivamente donde decían. De hecho, el consistorio aumentó los sistemas de control tras la denuncia de que había gente empadronada en casas en ruinas. El juez ha ampliado las diligencias y ha imputado a otra persona.
El funcionario Vicente Turlo, responsable del negociado de empadronamientos, quiso matizar la declaración que prestó en diciembre de 2008 ante el mismo juzgado. Y los matices que introdujo son relevantes y, en cierta medida, contradictorios. Según aclaró, no siempre se rellenaban en su presencia las solicitudes de empadronamiento. Había veces que las personas que querían empadronar a alguien se llevaban el formulario para que el afectado firmase. En definitiva, no siempre los empadronados firmaban en su presencia. En su primera declaración, Turlo aseveró que cuando se tramitaba un alta, siempre se requería que el empadronado acudiera a firmar.
Por otra parte, el funcionario relató ayer que la persona que acudía para empadronar a otra no tenía por qué ser dueña de la casa. Podía ser un tercero distinto al propietario de la vivienda y al empadronado. Vicente Turlo dijo no recordar quién tramitó las solicitudes de incripción que se están investigando.
Reconoció que no comprobaban si efectivamente los empadronados pasaban a residir en el domicilio en que decían vivir. Según comentó, después de lo sucedido, han aumentado las exigencias de control.
No le llamó la atención
A Vicente Turlo no le llamó la atención el número de empadronamientos. Aseveró que nunca permitió que nadie firmara a nombre de terceras personas y que él tampoco firmó.
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