El Gobierno elude conceder una moratoria a los locales de ocio en la playa de Castelló

J.MESTRE CASTELLÓ Los Ayuntamientos de Castelló, Valencia y Alicante preparan acciones conjuntas para defender el mantenimiento de los chiringuitos del litoral, según subrayó el concejal de Medio Ambiente en la capital de la Plana, Gonzalo Romero.
El edil criticó la actitud del Gobierno, y tildó su acción como "agravio comparativo" hacia la Comunitat Valenciana. "En el resto de España no aplican igual la Ley de Costas que en el territorio valenciano", apuntó Romero.
En este sentido, los equipos de gobierno de las tres capitales valencianas estudian nuevas acciones para intentar cambiar de parecer al Ejecutivo central. Entre otras, barajan de nuevo una recogida de firmas y no descartan una manifestación. En la capital de la Plana 12.000 personas han firmado en pro de los establecimientos de playa.
Los propietarios de los chiringuitos de Castelló capital expresaron su incredulidad ante la posición del Gobierno central. Las condiciones que marca la Ley de Costas para las terrazas desmontables son inasumibles, según el portavoz de los propietarios de las terrazas, Javier Sánchez, quien destacó que estos locales permiten la creación de unos 500 puestos de trabajo en la provincia.
La normativa fija 150 metros cuadrados para los establecimientos de costa fijos y 20 metros cuadrados para los desmontables, una categoría en la que entran 6 en la provincia. Aún esperan una rectificación del Gobierno. Si no cambia, amenazan con marcharse al extranjero. "Buscaríamos alternativas pues necesitamos dar continuidad a nuestras inversiones", añadió Sánchez. El futuro es cada vez más negro para ellos. El Gobierno señala que la ley es igual para todos.

?
Pocas novedades, por no decir ninguna, salieron ayer de la reunión entre el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, respecto a la situación de los chiringuitos de playa de la Comunitat. El Gobierno hizo caso omiso de las demandas del Consell, ayuntamientos y sector hostelero, y eludió aplicar una moratoria en todo el territorio valenciano, por lo que la apertura de seis chiringuitos de verano en Castelló sigue en el aire. El conseller arremetió contra el inmovilismo del ministerio, mientras los propietarios de la provincia advirtieron que los locales desaparecerán si se les obliga a abrir con un máximo de 20 metros cuadrados de superficie.
El secretario general del Mar explicó que 38 de las 394 instalaciones del litoral de la Comunitat tienen problemas en cuanto al cumplimiento de la Ley de Costas. Castelló cuenta con 35 locales, y 6 de ellos (4 en la capital y el resto en Benicàssim y Nules) han de acoplarse a la normativa. El responsable de Medio Ambiente reiteró que el Gobierno analizará "caso a caso" el estado de cada chiringuito, e insistió en que deberán adaptarse a la ley. Es decir, los seis locales de temporada de la provincia no podrán superar los 20 metros cuadrados de extensión que marca la ley para los desmontables, una medida "inviable" para los chiringuitos de Castelló, según Javier Sánchez, portavoz de los mismos.
Castellano defendió sin éxito en Madrid la ampliación de la moratoria concedida a los locales del Saler y el Pinedo a todos los chiringuitos de la Comunitat, entre otros los de Castelló, así como el traspaso a la Generalitat de las competencias referidas a la concesión de los locales de playa, una postura que comparten los ayuntamientos valencianos y la patronal del sector hostelero.
El secretario general del Mar, quien estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, afirmó que el Ejecutivo central será respetuoso con la normativa de Costas, "una ley que está en vigor desde 1988 y que es igual para todos", dijo. Así, aunque mostró su predisposición a buscar una solución, insistió en que los establecimientos deberán acoplarse a la norma.
El conseller cargó contra el Gobierno y lamentó que "haya hecho oídos sordos a los planteamientos que les hemos trasladado, los cuales no pertenecen sólo a la Generalitat, sino que se reivindican desde el sector hostelero y los ayuntamientos". El Consell propuso "que mientras no haya una solución estable a esta situación de inseguridad que ha creado el cambio de criterio de la ley, se mantengan las actuales concesiones temporales. Esto es, una moratoria", "y no han aceptado ni ésta ni ninguna otra solución", enfatizó el conseller. También puso sobre la mesa el traspaso de las transferencias de los chiringuitos de la zona marítimo-terrestre, además de una modificación de los planes de uso de los establecimientos de los paseos marítimos para garantizar su cobertura jurídica. En el primer caso, el ministerio contestó que esta propuesta "está en fase de estudio", y en el segundo, señaló que podría ser una posibilidad, espetó el conseller.