El juez de Nules vuelve a tomar declaración hoy al chófer de Fabra

J. ANTEQUERA CASTELLÓ José Salvador del Campo, chófer del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, presta hoy declaración como testigo en el Juzgado de Nules, que instruye la causa por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal del caso Fabra. El juez Jacobo Pin lo ha llamado a declarar después de que dos cajeras de entidades bancarias lo reconocieran en sede judicial como la persona que presuntamente realizaba ingresos millonarios, en metálico, en las cuentas del líder provincial del PP de Castelló.
Del Campo aparece en las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Nules a finales del año 2003. Según el empresario Vicente Vilar, hoy en prisión, el chófer de la diputación era una de las personas que se encargaban de ingresar cantidades en metálico en las casi centenar de cuentas corrientes en las que Fabra aparece como titular, cotitular o persona autorizada.
Además, otro grupo de banqueros de diversas entidades financieras de la ciudad declaran también como testigos de las decenas de transferencias bancarias en las que Fabra participó entre los años 1999 y 2004.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de noviembre, 17 empleados de cuatro entidades bancarias de Castelló -BBVA, BSCH, Caixa Galicia y Banco Guipuzcoano- prestaron declaración por el mismo asunto. Se trata de cajeros que supuestamente gestionaron al menos 146 ingresos en metálico y cheques de Fabra.
Todos ellos aseguraron que no se acuerdan de quién hacía los ingresos en metálico a nombre de Fabra. Sin embargo, un empleado del Banco de Santander y dos cajeras de Cajamadrid reconocieron al chófer del político del PP como la persona que realizaba los ingresos en metálico para su jefe.
El informe que Hacienda llevó al juzgado como parte de su querella por fraude fiscal revela que el líder popular recibió al menos 11 ingresos en metálico en un solo día: el 30 de julio del año 99. Las cantidades están desglosadas por los inspectores de la Agencia Tributaria que fiscalizaron su situación patrimonial.