La alcaldesa de la Vall declara como imputada por una presunta prevaricación

ELENA MORENO LA VALL D'UIXÓ La alcaldesa de la Vall d'Uixó, la popular Isabel Bonig, y su concejal de Urbanismo, Óscar Clavell, visitaron ayer nuevamente los juzgados de Nules para declarar como imputados, acusados de un delito de prevaricación al presuntamente no haber ejecutado el decreto de cierre de un local de ocio que no tenía licencia de actividad. El juzgado número uno de Nules ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite la denuncia de un particular, que ha denunciado al Ayuntamiento de la Vall por no haber cerrado este local en tiempo y forma pese a haberse emitido el correspondiente decreto, firmado por la propia alcaldesa de la Vall hace dos años.
El juez llamó a declarar ayer a la alcaldesa de la Vall y al concejal de Urbanismo, quienes se personaron en los juzgados a primera hora de la mañana. A su salida, los dos populares declinaron hacer declaraciones al estar el proceso abierto.
La comparecencia de Bonig y Clavell en los juzgados llega sólo unos días después de que se diera a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contrario a los intereses del Ayuntamiento de la Vall al declarar nula la contratación de mantenimiento de jardinería y la instalación de césped artificial en tres campos de fútbol de la Vall d´Uixó. Cabe recordar que éste fue el primer acuerdo de relevancia que firmó Isabel Bonig como alcaldesa de la Vall en agosto de 2007.
La de ayer no ha sido la primera vez que la alcaldesa de la Vall visitaba los juzgados de Nules, pese a llevar sólo dos años y medio en el cargo. En los últimos meses se han multiplicado los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto el equipo de gobierno. Cabe recordar que en noviembre de 2009 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló condenaba al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó por vulnerar los derechos fundamentales a la integridad moral y libertad sindical de un funcionario, delegado de CC OO e Inspector del Cuerpo de Policía Local. El agente policial había sido destinado al Paraje de San José impidiéndole ejercer la labor de mando y sindical. El juez condenó al consistorio a pagar una indemnización de seis mil euros, así como trasladarlo a las dependencias policiales centrales de la Vall d´Uixó. Otro miembro del equipo del gobierno que también ha sido requerido por la justicia ha sido el edil de Hacienda y ex alcalde, Vicent Aparici, ya que el fiscal le acusa de conocer y haber permitido diversos vertidos tóxicos en el vertedero de Garrut durante su última legislatura como primer edil de la Vall.
El Fiscal pide una considerable multa económica, 7 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por estos presuntos vertidos que han podido afectar tanto a los acuíferos como al mismo Río Belcaire.
También quedan abiertos otros procesos judiciales como el recurso contra la adjudicación del servicio de recogida de basura.