NACHO MARTÍN CASTELLÓ
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Los concejales de la oposición que integran la comisión de investigación municipal de la trama Gürtel han comenzado a examinar esta semana las facturas millonarias que vinculan al Ayuntamiento de Castelló con tres empresas investigadas en el sumario judicial por la posible financiación ilegal del Partido Popular (Facsa, Lubasa y PIAF), según confirmaron ayer fuentes municipales.
Esta fase da continuidad a la revisión de los contratos de concesiones municipales que se completó antes del parón navideño. Ahora, los ediles podrán examinar, entre otros, aquellos recibos millonarios que se pagaron sin el preceptivo contrato previo.
La solicitud de la comisión surge a petición del grupo municipal socialista después de que la apertura del sumario judicial del caso Gürtel desvelara que la supuesta trama recibió durante tres ejercicios contables (2005, 2007 y 2008) pagos por más de 466.000 euros procedentes de cuatro empresas de Castelló.
Tres de las cuatro mercantiles castellonenses que aparecen en las investigaciones policiales por supuestos reintegros a la trama (Lubasa, PIAF y FACSA) destacan por encontrarse entre las mayores adjudicatarias de contratos millonarios de la diputación y el ayuntamiento de la capital de la Plana, ambas instituciones dirigidas por los máximos responsables del PP en la provincia y en la ciudad: Carlos Fabra y Alberto Fabra.
La Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha documentado que todas las transferencias procedentes de firmas castellonenses se llevaron a cabo a través de dos empresas de la estructura dirigida por Francisco Correa: Orange Market S.L. y Good and Better S.L.
El portavoz socialista, Juan María Calles, argumentó en noviembre que los acontecimientos reflejados en el sumario judicial "están poniendo bajo sospecha los procesos seguidos en la contratación de estas mercantiles con las administraciones públicas entre los años 2003 y 2009 y causa un enorme deterioro en la imagen pública de la institución municipal".
Con este argumento en la mano, los socialistas exigieron que se revisen todas las adjudicaciones efectuadas a las sociedades durante los últimos ocho años, especialmente aquellas efectuadas al margen de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y pagadas con reconocimientos extrajudiciales de crédito. "Queremos que se investiguen las adjudicaciones municipales; y si se oponen es porque tienen mucho que callar y ocultar". Además, Calles requirió al alcalde, Alberto Fabra, que explique "la relación de las empresas de la trama Gürtel con el pago de los actos de su campaña electoral y la visita de Mariano Rajoy al Grau de Castelló".
Finalmente, el alcalde aceptó y la comisión de investigación se constituyó el pasado noviembre fruto de un pacto por el cual el PP cedió su presidencia al portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, en un intento de lograr una supuesta neutralidad.
Sin embargo, el PP se guardó un as en la manga y la presidencia del Bloc no impedirá que los cuatro concejales designados por Alberto Fabra tengan la última palabra gracias a una composición de 4 ediles del PP, dos socialistas y uno del Bloc.
Partiendo de esta proporción, el organismo está formado por Juan José Pérez Macián, Miguel Ángel Mulet, Beatriz Gascó, Vicent Sales (PP), Javier Peris, Juli Domingo (PSPV) y Enric Nomdedéu (Bloc).
El Partido Popular parte con el argumento de que todas las cuentas son "legales y transparentes". Mientras tanto, el PSPV considera que "se debe dar una explicación a la ciudadanía y limpiar el nombre de la institución y de las empresas".
