NACHO MARTÍN CASTELLÓ
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Dos informes de reparo del Interventor del Ayuntamiento de Castelló advierten de supuestos pagos irregulares a voluntarios del Servicio de Protección Civil por carecer del preceptivo contrato y por contravenir la normativa reguladora de Protección Civil, dado que queda prohibido cualquier tipo de remuneración.
Durante el primer trimestre del año este tipo de pagos han superado los 18.000 euros y han motivado una de las 25 advertencias o notas de reparo que ha emitido la Intervención municipal por pagos de facturas irregulares durante el primer trimestre de 2010 por supuestos incumplimientos de la legislación en la contratación de servicios públicos.
En la práctica totalidad de los casos, el interventor concluye que "no se acredita el cumplimiento de los requisitos y trámites esenciales" de la legislación de contratos de las administraciones públicas y tampoco "la pertinente fiscalización previa por parte de la Intervención General Municipal"
Limpieza y mantenimiento de jardines, telefonía, seguridad, mantenimiento de ascensores, suministros, ayudas de viaje, suministro de gas natural, mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios, ampliaciones de horario y mantenimiento del servicio de préstamo gratuito de bicicletas (Bicicas), reparto de documentos, señalización viaria, control de vertidos y alcantarillado, limpieza de colegios, desratización y desinsectación...
El abanico de conceptos que generan este tipo de facturas es amplio y en la mayor parte de los casos se trata de gastos que, a juicio del interventor municipal, resultan totalmente previsibles dada la periodicidad de los servicios.
De hecho, son varios los informes de reparo debido a recibos para pagar trabajos que deberían regirse por un contrato público que ha expirado y que en buena parte de los casos se prorroga de facto con la misma empresa adjudicataria. Este es un caso recurrente en la gestión y mantenimiento de jardines y zonas verdes, tarea de la cual se encarga la firma Azahar Jardinería y Riegos S.A.
En otras ocasiones, la Intervención advierte de la existencia de ampliaciones de presupuesto que deberían preverse en la adjudicación inicial o tramitarse a través de la correspondiente modificación contractual sometida a las exigencias de la legislación de contratos de las administraciones públicas.
La concejalía de Economía y Hacienda presentará en el pleno del próximo jueves el pago de más de 9 millones de euros en facturas sin contrato correspondientes a 2009 a pesar del reparo del interventor, que advierte que "no se acredita el cumplimiento de los requisitos y trámites esenciales" que marca la legislación para las contrataciones del sector público.
El Plan Económico Financiero aprobado en 2008 y el posterior Plan de Saneamiento Financiero ratificado en 2009 exigen al ayuntamiento que, entre otras medidas, erradique el pago de facturas irregulares sin contrato a través de lo que se conoce como reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según los técnicos de la propia concejalía de Economía, estas facturas son la principal causa de las dificultades económicas que atraviesa el ayuntamiento. No en vano, el montante global de este tipo de pagos ha superado los 80 millones de euros en nueve años.
