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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castelló ha anulado la licencia de actividad y apertura concedida por el ayuntamiento de la ciudad a un pub que presentaba numerosas irregularidades en la concesión de estos permisos y que emitía música a altas horas de la noche, según informaron fuentes judiciales.

La mujer que interpuso la denuncia, una vecina que llevaba años sin poder dormir en condiciones, reclamó en el año 2006 ante la corporación municipal, sin recibir respuesta alguna.

La vecina, que ha estado soportando durante 4 años los ruidos del local, pretende iniciar ahora un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios contra el consistorio municipal. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el pub acompañó a la solicitud de licencia un informe de proyecto que calificaba la actividad de molesta en grado bajo, y se designaba como colindante la comunidad de propietarios a que pertenecía la mujer, "si bien se hizo constar como presidente a un vecino, amigo de los solicitantes de la licencia, que no tenía tal condición, a fin de que recibiera las notificaciones y evitar la intervención de los vecinos afectados en el expediente". Efectuadas las mediciones por la Policía Local, a instancia de la recurrente, se constató que arrojaba unos índices, entre las 00.45 y las 3.30 horas, de más de 47 decibelios, sin que "se hayan tomado medidas, de forma que ha afectado a su estado de salud". Según Raúl Burgos, abogado de la mujer afectada, la recurrente soportó graves perjuicios a causa del ruido que provocaba el local. "Mi cliente se ha tirado sin poder dormir hasta las 3 de la madrugada durante cuatro años. Al final ha tenido que irse a vivir a casa de sus padres porque el ruido era insoportable", explica.

El letrado asegura que la mujer está dispuesta a agotar la vía administrativa y judicial para reclamar una indemnización por los quebrantos sufridos en su salud. "Tenemos que hacer cálculos, pero considero que la indemnización podría estar entre 6.000 y 10.000 euros. De todas maneras, el dinero no es nada al lado del sufrimiento que ha tenido que soportar esta persona", añade.

Tras la sentencia, la recurrente podría abrir una nueva vía de reclamación contra el consistorio que dirige Alberto Fabra.