La Audiencia abre la causa de la UE-25 de Segorbe por presunta falsificación de datos

NEREA SORIANO CASTELLÓ La Audiencia Provincial ha dicto la reapertura de la causa de la Unidad de Ejecución 25 de Peñalba, pedanía de Segorbe, por presunta falsificación documental. Así se recoge en la parte dispositiva del auto número 147/10, fechado el 14 de abril de 2010, y en el que se argumenta que las actuaciones deben continuar hasta que se "esclarezcan y expliquen de forma convincente las alteraciones aparentemente producidas en la documentación del expediente".
Los querellantes, vecinos afectados por la UE, aseguran que la copia del expediente que les fue facilitada por el ayuntamiento y la copia que el consistorio remitió al Juzgado de lo Contencioso número 2 de Castelló "son distintas". Los recurrentes mantienen que en el expediente remitido a los juzgados "se habían sustituido documentos sustanciales por otros de contenido distinto, pero con la misma fecha". Además, señalan que "se había incorporado documentos imprescindibles para la validez del expediente y que no existían en el momento en el que se sometió a votación y se aprobó en el pleno del 21 de diciembre del año 2006".
Además, los denunciantes apuntan que en su copia "no había informe de Intervención" pero que en la documentación facilitada a los grupos políticos para la Comisión Informativa y el pleno, "sí existe un primer informe de fecha 12 de diciembre de 2006".
En el auto se añade que "la sorpresa es que en el expediente remitido al juzgado, ya no consta dicho informe de diciembre de 2006 y, en su lugar, se ha incorporado otro nuevo, distinto del primero, es el informe de Intervención de fecha 14 de mayo del año 2007". Otra de las supuestas alteraciones tiene que ver con la providencia que se remite al juez y en la que "se omite la indicación 'aprobado definitivamente por el pleno del 23 de agosto de 2005'". Según los afectados, ello se debe a que el ayuntamiento quiere dar por bueno el "aprobado" que se hizo con "posterioridad" y que fue "modificado". Asimismo, "también se omite la expresión 'y por el precio de 488.081,08 euros', ya que, según los querellantes, tampoco coinciden el precio o presupuesto que quiere hacer valer el ayuntamiento con el aprobado el 23 de agosto de 2005 (de 476.489 euros). Cabe señalar que, después de varios recursos, se decidió archivar la causa. Ahora, tras el último recurso de apelación, la Audiencia ha abierto la causa para que se esclarezcan los hechos.