La fiscal pide 400 euros de multa para los cuatro vecinos que se encadenaron en Ribalta

NACHO MARTÍN CASTELLÓ
La Fiscalía pidió ayer 40 días de prisión o una multa de 400 euros para cada uno de los cuatro vecinos de la Plataforma SOS Ribalta acusados de encadenarse al objeto de detener las obras del trolebús en el parque Ribalta, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), según fuentes judiciales y de la propia plataforma.
Los argumentos de la acusación pública se basan únicamente en la existencia de un supuesto delito de desobediencia a la autoridad, dado que la empresa adjudicataria de las obras ha desistido de su denuncia y no se personó en la vista judicial.
El juicio ya había sido aplazado el pasado 17 de marzo precisamente porque la mercantil y la Policía Nacional no se presentaron. Durante la vista de ayer, la fiscal y los dos agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo el arresto alegaron que los cuatro manifestantes desobedecieron la orden de desencadenarse y permitir la normal continuidad de las obras, aunque admiten que no generaron ningún altercado y mantuvieron una actitud pacífica.
Por su parte, el abogado de la plataforma adujo que los vecinos no se negaron en ningún momento a obedecer a la policía y se desencadenaron incluso antes de que se procediera a cortar las ataduras.
Además, argumentó que el juzgado "no puede condenar a mis clientes por detener unas obras que supuestamente nunca han comenzado, según alegó la propia Conselleria de Infraestructuras ante la Fiscalía para defenderse de una denuncia que propició diligencias de investigación penal". Tras los alegatos de unos y otros, el juicio quedó visto para sentencia.