Castelló se queja menos al Síndic

Los ciudadanos de la provincia sólo presentaron 321 de las 3.600 reclamaciones de la Comunitat

 

NACHO MARTÍN CASTELLÓ El informe del Síndic de Greuges relativo al año 2009 revela que los castellonenses siguen siendo un año más los que menos quejas contra administraciones públicas presentan ante la institución y se sitúan muy por debajo de los ratios registrados en las provincias de Valencia y Alicante.
La estadística de reclamaciones se sitúa en Castelló en un total de 321 frente a las 1.616 de Alicante y las 1.614 de Valencia. En términos porcentuales, el número de quejas presentadas por vecinos de las comarcas de Castelló se reducen al 9% del conjunto de 3.647 de la Comunitat Valenciana.
Esta tendencia se repite en el caso de la sección de consultas a los servicios de asesoría jurídica del Síndic, que ha respondido a 441 castellonenses, 2.794 alicantinos y 2.959 valencianos.
El propio Síndic, José Cholbi, explica en su informe anual que la principal preocupación vuelve a girar en torno a las demoras y trabas en la tramitación de las ayudas de la Ley de la Dependencia (con un total de 948 quejas).
En segundo lugar, le sigue de cerca el apartado de servicios de los ayuntamientos (agua, transporte, obras públicas, vías urbanas...), la sanidad, el urbanismo y la vivienda. Dentro de esta última temática destacan cuestiones como las enajenaciones forzosas provocadas por Programas de Actuación Integrada (PAI), la falta de acceso a una vivienda digna, problemas por urbanizaciones inacabadas y la vulneración del derecho a recibir información urbanística en tiempo y forma.
Entre el resto de áreas en las que los ciudadanos han alegado indefensión destacan el medio ambiente, la contaminación acústica, la educación y el uso del valenciano.
A diferencia de años anteriores, el Síndic destacó como "gran éxito" que no haya sido necesario declarar "hostil" a ninguna Administración. Además, sólo 8 Administraciones han rechazado las recomendaciones de los dictámenes del Síndic.
Dos de estas instituciones son de la provincia de Castelló (Borriol y Alcalà de Xivert). La primera rechazó un dictamen del Síndic que le instaba a abonar la ayuda de libros a escolares de Borriol que se han visto obligados a acudir a centros de otros municipios por falta de fondos.
La segunda (Alcalà de Xivert), se negó a seguir la recomendación que pedía la paralización de un programa urbanístico (PAI) hasta no contar con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en cuanto a los recursos hídricos. En ambos casos, el Síndic destaca que las negativas fueron argumentadas y remitidas de forma justificada a la institución, por lo que la actitud no se puede considerar "hostil".
El informe fue entregado por el Síndic en acto oficial a la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, que fue la primera encargada de recibir las recomendaciones de la institución a las distintas Administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.

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