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El juez prepara el juicio con jurado contra Fabra por cohecho y fraude fiscal

El presidente de la Diputación de Castelló, más cerca del banquillo Jacobo Pin cree que se deben enjuiciar todos los delitos conjuntamente para garantizar que no habrá impunidad El auto
da por cerrada la fase de diligencias previas tras 6 años de instrucción en los juzgados de Nules

 
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, con su mujer tras salir de los Juzgados de Nules en una imagen de archivo.
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, con su mujer tras salir de los Juzgados de Nules en una imagen de archivo.  levante-emv
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J. ANTEQUERA CASTELLÓ El día que Carlos Fabra ganó las últimas elecciones locales y autonómicas dijo aquello de "el pueblo me ha absuelto en las urnas". Ahora podría darse la gran ironía de que sea el pueblo, un tribunal popular, quien tenga que juzgarlo de verdad.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha dictado un auto en el que acuerda "transformar" las diligencias penales abiertas desde hace más de 6 años contra el líder provincial del PP y otros 12 imputados en "procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado", según informó ayer en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En su auto, el juez Jacobo Pin entiende que, "en principio y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado".
De esta manera, el instructor considera que hay indicios suficientes de que en los primeros años de la década de 2000 Fabra y otros mandatarios del PP castellonense mediaron ante altos cargos de los gobiernos de Aznar con la finalidad de beneficiar a Naranjax, una empresa privada fabricante de productos plaguicidas. El gerente de esta firma, Vicente Vilar, en aquellos tiempos socio de Fabra, rompió trato comercial con el líder provincial del PP y decidió, a finales de 2003, querellarse contra él y acusarle de cobrar comisiones millonarias a cambio de hacer favores políticos al más alto nivel.
Pero el auto del juez Jacobo Pin va aún más allá. A los delitos contra la Administración Pública deben sumarse, según el titular del Juzgado de Nules, "otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los delitos contra la Hacienda Pública".
El auto de Pin recuerda que la conexión de todos estos delitos -los que tienen que ver con el cohecho y el tráfico de influencias, por un lado, y los relacionados con el fraude fiscal por otro-, fue "declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castelló el 24 de enero de 2006". Separar la investigación de ambas ramificaciones del caso Fabra "afectaría a la continencia de la causa", según recoge la resolución de Pin apoyándose en la Audiencia Provincial. Además, el instructor da una razón más para que se investigue todo el caso Fabra según la Ley del Jurado: la presunta comisión de los delitos contra la Hacienda Pública del matrimonio Fabra "podría servir para lograr la impunidad de los hechos presuntamente constitutivos de cohecho y tráfico de influencias".
Así las cosas, el próximo 25 de junio los abogados de los imputados y de las acusaciones particulares acudirán al juzgado de Nules para cumplir el primer paso de la Ley del Jurado: "concretar la imputación, solicitar el archivo o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación".
El auto de Pin se produce 12 días después de que el fiscal anticorrupción asignado al caso, Luis Pastor, asegurara a las puertas del Juzgado de Nules que la instrucción del caso Fabra está "prácticamente concluida". La Fiscalía entiende que el informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda sobre las cuentas de la familia del presidente de Castelló es "suficiente prueba" para formalizar una acusación por escrito. Según ha podido saber Levante de Castelló, este informe ha detectado que Fabra evadió un millón de euros al fisco, mientras que su esposa dejó de declarar 800.000 euros.
Pin considera en su resolución judicial que el supuesto fraude fiscal cometido por los Fabra deriva de "ingresos no justificados en sus cuentas corrientes", por lo que en principio podría haber conexión entre este incremento patrimonial y los pagos millonarios que fueron denunciados en su día por el empresario Vilar.
Se da la circunstancia de que la UCE, personada como acusación particular a través de sus abogados José Luis Vera y Virgilio Latorre, ya pidieron en su querella del año 2004 que el proceso se siguiera bajo la Ley del Jurado.Durante estos 6 años de diligencias previas, el caso Fabra ha sufrido todo tipo de vicisitudes. La causa pasó por las manos de 10 jueces y 4 fiscales y en un momento de la instrucción ningún magistrado recién salido de la carrera judicial quiso tomar las riendas del procedimiento.
Además, el ex fiscal jefe de la Audiencia de Castelló, Javier Arias, primero en investigar el asunto, no vio indicios racionales de criminalidad en las querellas de Vilar y formuló aquella polémica pregunta a Fabra durante su interrogatorio: "¿Usted arriesgaría su carrera política y profesional por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?". "Nunca. Ni por un precio irrisorio ni por nada", contestó el presidente de la diputación.
La instrucción ha tenido además como testigos de excepción a cuatro ministros de los gobiernos de Aznar: Jesús Posada, Arias Cañete, Juan Costa y Celia Villalobos. Los cuatro declararon por escrito que no tuvieron nada que ver con las supuestas mediaciones de Fabra ante los ministerios en favor de los productos de Naranjax. El caso llegó a ser tan mediático, que incluso dio para varias entregas del popular programa televisivo Caiga Quien Caiga. Finalmente han sido los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción los que han dado un impulso definitivo a la investigación al concluir su informe después de 6 años. Y lo han hecho no sin dificultades, porque a fecha de hoy todavía hay bancos y cajas de ahorro que no han entregado todos los extractos bancarios del presidente y de su esposa. Carlos Fabra, el político al que Rajoy calificó de "ciudadano ejemplar", está desde ayer un poco más cerca del banquillo.

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