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Los alcaldes del PP en Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, pidieron ayer a la Diputación de Castelló que lidere una propuesta para solicitar una moratoria en la aplicación de la Ley de Costas y evitar los derribos previstos de viviendas en primera línea de playa en todo el litoral castellonense. La gestión encomendada a la corporación provincial (que ha sido aceptada) irá más allá, al llevar el problema al Parlamento Europeo y sus instituciones para hacer que insten al Gobierno a revisar la aplicación de la ley. En el encuentro de alcaldes con el vicepresidente, Vicente Aparici, se planteó convocar al resto de alcaldes a una próxima reunión.
La maquinaria de la corporación provincial se ha puesto en marcha y ya se realizan gestiones para trasladar la petición oficial de la moratoria en la aplicación de la ley a la Comisión de Peticiones del Parlamento. A la par que denuncian "la arbitrariedad" del Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación de la normativa con carácter retroactivo.
La reunión de ayer, en el Palacio Provincial se produjo tras las mantenidas el 4 de mayo con eurodiputados, en Bruselas, según recordaba en un comunicado la diputación. En el mismo se dice que ambos alcaldes ven "oportuno que la diputación lidere este plan que, necesariamente, pasa por una modificación de la Ley de Costas". Aparici, apunta el comunicado sobre la reunión, "responde así a la petición de los citados alcaldes. Hemos tratado de manera clara y firme la estrategia a seguir para conseguir la anulación de la retroactividad de la ley y recibir el apoyo de los eurodiputados. A través de esta estrategia, se pretende que Bruselas medie ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de los posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado".
El mismo vicepresidente segundo fue el encargado de trasladar a los medios de comunicación que, "en breve", se convocará a una reunión a todos aquellos alcaldes de municipios del litoral afectados por la Ley de Costas. Agradeció a García y Lapuerta "la iniciativa que han tenido ante la preocupación y los graves problemas que supone para los vecinos de sus municipios la aplicación de esa ley". La diputación empezará ya los trabajos para "responder los requerimientos de la eurodiputada Andreassen y enviarle más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de la ley".
El año pasado, la Plataforma de Afectados por los derribos planteados por Costas sacó a la luz el riesgo que pende sobre más de 400 viviendas. La denuncia llegó a los municipios y los alcaldes de Moncofa y Almenara apoyaron la medida. Tras ello se formó un grupo de alcaldes entre los que estaban los de Nules, Xilxes, Almenara, Moncofa y Cabanes, entre otros.
