El ex conseller Joaquín Farnós anunció ayer que recurrirá el archivo de la querella de su empresa familiar Iniciativas Aquaspa contra el acuerdo del pleno de Benicàssim que adjudicó la construcción del Centro Termal en el PAI Pontazgo. El auto exculpa al secretario municipal y al equipo de gobierno de la localidad. Considera Farnós que se deberían haber practicado algunas diligencias para determinar si había delito. Por ello apelará ante la Audiencia de Castelló. Y recuerda que el auto abre la vía del contencioso, camino ya iniciado con una denuncia en el TSJ que está en fase de trámite.

En su comunicado, la empresa dice que el juez se ha basado sólo en los recursos del alcalde, el secretario y la fiscalía. Y aseguran que el auto no entra en el fondo de la cuestión sobre la existencia de ilícito penal.

En la nota se afirma que "el juez ha cometido un contrasentido jurídico al admitir a trámite la querella y posteriormente no incoar diligencias ni pedir prueba alguna. Sin practicarlas ha archivado el caso, remitiendo la querella a la vía contenciosa por la denuncia de irregularidades". Censura que el juez, tras "admitir a trámite nuestro examen, nos suspende sin leerlo, sin practicar las pruebas solicitada y ya admitidas por el juez".

Sostiene la demandante que la modificación realizada por el consistorio en el PAI incumple la Ley de Contratos del Estado, porque "el trámite administrativo no justifica el interés de la modificación". Sólo aporta un estudio que no forma parte de la documentación del pleno de aprobación del PAI el 20 de febrero de 2009. También cuestiona que si el adjudicatario considera que con la urbanización obtendrá un beneficio de 1.080.000 euros para obtener la adjudicación ofrezca una mejora de 1,8 millones.

Reitera que no tiene nada contra la creación de otro balneario en la zona, pero "sí que el consistorio lo impulse y, además, no cumpla la ley". Critica a Colomer por su forma de actuar. Y le recuerda que su "tema preferido, el caso Gürtel, se ha reabierto".

Respeto a la Justicia

Desde el consistorio se mantiene la prudencia y el respeto a las decisiones judiciales. Se sostiene que el juez ha dejado claro que no hay delito en la actuación de la corporación, ni siquiera confirma que haya defecto en la adjudicación, que cumplió la normativa. Recalcan, además, que los beneficiarios son los vecinos.