El juzgado de Instrucción número 5 de Castelló ha abierto diligencias previas de investigación penal contra el alcalde de Borriol, el popular Adelino Santamaría, al que le imputan un presunto delito de malversación de caudales públicos por pagar presuntamente con dinero municipal los gastos derivados de un juicio particular que inició y perdió en defensa de su derecho al honor.
El juzgado ya ha realizado las primeras diligencias, tomando declaración al primer edil borriolense en calidad de imputado, según han confirmado fuentes el Tribunal Superior de Justicia. La investigación se abrió a principios de este año a instancias de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Castelló que, a finales de 2009 y después de estudiar la documentación que le había sido aportada, propuso formular denuncia contra el alcalde por entender que podría existir un delito de malversación de caudales públicos.
Pagos por decreto de alcaldía
Según la resolución del fiscal instructor, en abril y mayo de 2008 el alcalde de Borriol emitió dos decretos de alcaldía para abonar presuntamente "con cargo a las arcas municipales" los honorarios del abogado y el procurador que asistieron a la parte demandada por el alcalde en el juicio, por un total de 5.442,79 euros, costas que se impusieron al alcalde tras fallar los juzgados en su contra. Además y según la Fiscalía se cargó también a las cuentas municipales lo que costó la defensa de Adelino Santamaría en el juicio, 4.742,08 euros.
En total, y según la resolución de la Fiscalía tras la primera investigación llevada a cabo, el alcalde ordenó presuntamente el pago de hasta 10.184 euros con cargo a las arcas municipales por el coste de un juicio "de carácter personal" y que no inició en nombre del ayuntamiento. En este sentido, el fiscal instructor del caso entiende que los pagos no resultan "acordes a Derecho" ya que el alcalde actuó en el juicio "en su propio nombre y derecho, como demuestra el tenor literal de la demanda interpuesta y el hecho de que la escritura de poder se otorgara en su propio nombre y derecho, además de que solicitara en la demanda indemnización a su favor de 30.000 euros, por lo que los hechos podrían constituir un delito de malversación de caudales públicos".
La denuncia que interpuso Adelino Santamaría y que se falló en su contra se basaba en la protección de su derecho al honor, de ahí que reclamara al periódico el pago de una indemnización por la cantidad de 30.000 euros.
