Acometida ya la demolición del edificio Portomar, en la playa de la Concha de Orpesa, en cumplimiento de una sentencia del TSJ, se inicia el proceso para calcular el coste de las indemnizaciones a que pueda tener derecho la constructora del inmueble de tres plantas, el primero que se derriba en la provincia por declararse su ilegalidad en los últimos años. La licencia del edificio fue anulada por el TSJ al considerar que en la zona no se podía construir. Desde el consistorio apuntan que primero debe delimitarse el grado de responsabilidad que tiene en el proceso, antes de iniciar las negociaciones con la constructora. En todo caso, apunta el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, "buscaremos la fórmula menos gravosa para las arcas municipales. Pero confiamos en alcanzar un acuerdo".
El acuerdo y la propuesta de indemnización debe ser aprobada por el Consell Jurídic Consultiu, facultado para tratar temas de responsabilidad patrimonial, según informaron a este diario expertos en derecho urbanístico, y confirmó Fabregat.
En todo caso, la indemnización que puede solicitar el constructor sería sobre los daños objetivos, aquellos que se pueden cuantificar, tales como el coste de los materiales constructivos, el proyecto o la licencia de construcción y obras (ICIO). Las mismas fuentes apuntan que al declarar la sentencia del TSJ que el proyecto no se ajustaba a la ley habría que dilucidar la posible responsabilidad del arquitecto que lo diseñó y de la empresa que presentó el proyecto (la promotora que presentó el proyecto).
Fabregat mantiene su confianza en los arquitectos municipales que dieron el visto bueno a la licencia, pese a lo cual "hemos cumplido, respetuosamente, el fallo del TSJ". Lamenta que desde el Bloc "se nos pidan responsabilidades a nosotros y a los técnicos, cuando hemos actuado de acuerdo a sus informes, tras estudiarlos exhaustivamente, porque sabíamos que los vecinos no estaban de acuerdo con la construcción".
Pero, "¿qué habría pasado si con los informes favorables no hubiéramos dado la licencia?. Además un juez en primera instancia nos dio la razón. Con el mayor respeto a la Justicia ¿serían el juez y el perito que evaluó el caso responsables también?", se pregunta el político.
