El portavoz del Bloc en el Ayuntamiento de Orpesa, Josep Lluís Romero, aprovechó ayer las preguntas formulada por el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, sobre lo ocurrido en el caso del edificio Portomar, para interpelarle sobre la política urbanística y la externalización de servicios de arquitectura. Como telón de fondo está la delimitación de responsabilidades por el derribo, primero que se ejecuta en los últimos años en la provincia, en aplicación de una sentencia judicial.

Romero inquirió a Fabregat sobre la razón de que el consistorio "contrate trabajos con dos arquitectos particulares, a cada uno de los cuales pagan más de 3.000 mensuales, a pesar de tener un arquitecto en plantilla". Pregunta que acompañó de otra sobre "¿qué movió a los arquitectos a autorizar el proyecto de construcción del Portomar cuando inicialmente lo rechazaron? Curiosamente al final el TSJ anuló la licencia, lo que nos va a costar dinero público".

Constata el portavoz nacionalista que siempre que hay algún problema relacionado con actuaciones urbanísticas "se recurre a la contratación de arquitectos particulares". Algo que, recuerda Romero, "nos ha llevado a obtener dos sentencias en contra del TSJ de la Comunitat Valenciana" en referencia a los casos del citado edificio Portomar y el Bernat. "En ambos casos, está el mismo arquitecto que trabaja para el consistorio".

Romero reitera su petición de que "alguien, político y técnico, asuma las responsabilidades derivadas de permitir un actuación urbanística que el TSJ considera ilegal y que obligan a destinar fondos municipales para resolverlas". Aclara que sus palabras "no buscan ningún tipo de revanchismo político, sólo planteamos lo que mucha gente de Orpesa se pregunta".

Romero insta al alcalde, Rafael Albert, a pronunciarse en este caso, "lo suficientemente importante como para tomarlo en serio".

Fabregat indicaba anteaye que el consistorio actuó en base a los informes técnicos y que un juez dio validez, en primera instancia, a la autorización.

Plaza de técnico

El consistorio ha publicado en el BOP la relación de los 20 admitidos a disputar una plaza de Técnico de la Administración General, grupo A. Entre ellos, el ex alcalde de Nules y ex vicesecretario del consistorio, José Blas Molés. La plaza se convoca tras amortizar la de vicesecretario "por falta de trabajo", dice Romero. Por ello, "fiscalizaremos el proceso para que discurra con normalidad".