El juzgado Número 2 de Nules ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Onda, Enrique Navarro, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Miguel Salvador, por un supuesto delito de prevaricación en una de las dos zonas verdes de la Serratella, una demanda "equivocada", como la calificaron fuentes municipales, ya que la disputa en cuestión alude a alrededor de 30 metros cuadrados y a algo más de 1.000 euros, "por lo que estimamos que el proceso se debería haber resuelto en un contencioso administrativo" y no en el escenario de la querella.
Según apuntan fuentes municipales, "el ayuntamiento quería acabar una zona verde de unos 300 ó 400 metros en la Serratella, por lo que iniciamos el proceso de expropiación a 4 propietarios". Añaden que "con tres de ellos no hubo ningún problema y ya han cobrado, pero el nombre del cuarto no está inscrito en el registro de la propiedad, donde figura el de otra propietaria, así que no podemos pagarle los 1.400 euros hasta que no lo certifique". De todas formas, "el dinero está preparado en una caja para cuando la supuesta heredera lo haga".
Según indica el auto al que ha tenido acceso Levante de Castelló, fechado el pasado 14 de mayo, los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa", por lo que se instruyeron diligencias previas que requirieron el pasado martes la comparecencia de los dos ediles ante el juzgado "en calidad de imputados", según el mismo documento.
En el juzgado declararon lo que fuentes del consistorio han trasladado a este diario. Tanto Navarro como Salvador, lo tienen claro: "Para prevaricar es necesario cambiar el rumbo de las cosas, pero nosotros no hemos alterado nada, sólo firmamos el inicio y el final de un procedimiento de forma legal" se defendieron fuentes del ayuntamiento.
Las mismas fuentes consideraron que el ciudadano "tiene derecho a defenderse", pero confían que esta querella, relacionada con el pago de expropiaciones para concluir la zona verde que se ubica cerca del colegio Baltasar Ruiz, deje el procedimiento penal y se tramite por la vía contencioso-administrativa.
Reclaman 1.124 euros
Por su parte, Joaquim Gustems, un familiar de la denunciante, explicó a EFE que el ayuntamiento debe 1.124 euros a la familia por la expropiación de un terreno de 32 metros cuadrados (a 35 euros por metro estipulados en las órdenes de expropiación), que, según ha asegurado, donará a organizaciones no gubernamentales.
Gustems afirmó que el ayuntamiento alega que el terreno del que es propietario no figura en el catastro y además no reconoce la escritura del solar, lo que ha provocado que no se haya cobrado por la expropiación de los terrenos
Además dijo que su familia no ha recibido ninguna notificación de la expropiación y que, "hay otras muchas cuestiones que tampoco están claras" y de las que no ha querido hablar alegando que se trata de un proceso judicial abierto todavía.
