Los trabajos de mantenimiento en una torre eléctrica que, según la jueza, provocaron el incendio de l'Alcalatén que arrasó el verano de 2007 unas 5.775 hectáreas se llevaron a cabo sin permiso y sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad. Así lo ha expuesto la magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Castellón, María Victoria García, en un auto donde también se solicita, además, la apertura del juicio oral al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el Código Penal.
En el auto se explica que el incendio se originó en la partida Font de la Bonsa (les Useres), a unos cinco metros de una torre eléctrica propiedad de Iberdrola, cuando una cuadrilla de operarios de la empresa Montelpla SL (subcontrata de Iberdrola) realizaba trabajos de mantenimiento. En concreto, se hizo un corte de hierro utilizando una radial de la que saltaron partículas incandescentes a la vegetación que se propagaron rápidamente.
En el auto la jueza recuerda que, según el Decreto 7/2004 de 2004 del Consell, existe la obligación de notificar determinados trabajos por motivos de seguridad y prevención de incendios forestales. No obstante, la magistrada añade que "ni Montelpa ni Iberdrola" pidieron la autorización ni comunicaron "la ejecución de los trabajos que provocaron el incendio", además de que tampoco se tomaron las medidas de prevención necesarias durante la ejecución de los mismos.
En el auto se detalla que en la actividad que se desarrolló en el lugar del incendio se utilizaron herramientas "capaces de producir fuego" y por ello "estaba sujeta a autorización administrativa previa". No obstantes, se hicieron "sin la comunicación a la administración" y "sin la adopción de las debidas medidas de seguridad" para evitar el incendio y su propagación. La magistrada argumenta que la zona de trabajo "no fue protegida por lonas ignífugas, ni desbrozada" y que la radial utilizada "no disponía ningún tipo de defensa para evitar el salto o la proyección de chispas".
Se precisaban controladores
Además, se añade que el decreto obliga a que durante los trabajos realizados en terreno forestal y en los que se utilice maquinaria capaz de producir chispas "habrán de ser seguidos por operarios controladores, dotados cada unos de ellos de una mochila extintora cargada de agua, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva, será el control del efecto que puedan producir las partículas incandescentes sobre la vegetación".
En el auto, fechado el 11 de junio, la magistrada anuncia que ha dado traslado del escrito a las partes personadas en el proceso para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de pruebas complementarias. Además, la resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma que ha de interponerse en el plazo de tres días.
