Representantes municipales de 10 poblaciones de Castelló participaron ayer en una reunión de trabajo en la Diputación de Castelló, cuya conclusión más destacada fue la elaboración de otros tantos informes para resaltar los problemas que la aplicación de la Ley de Costas, derribos de inmuebles y deslindes incluidos, está suponiendo en cada una de las localidades. La institución provincial canalizará estos documentos a la eurodiputada Marta Andreasen, para que las tramite ante el parlamento de Bruselas, con el objetivo último de que se inste al Gobierno español a aplicar una moratoria en la ley.
Con solo el fin de semana por enmedio, la diputación reunió a alcaldes y concejales de 10 municipios de la provincia para abordar un tema que el jueves pasado habían abordado en la Subdelegación del Gobierno de Castelló, junto a las seis plataformas cívicas, algunos de los alcaldes que ayer se volvieron a reunir. Al encuentro, acudieron delegaciones de Alcalà, Benicarló, Peñíscola, Orpesa, Benicàssim, Castelló, Almassora y Xilxes. Ausentes con respecto a la anterior, los alcaldes de Almenara, Moncofa o Cabanes.
El encuentro, segundo que se celebra, surge tras la iniciativa de los alcaldes de Xilxes y Nules de iniciar actuaciones tendentes a evitar la aplicación de los deslindes y evitar los derribos. Como ellos, los presentes en el encuentro de ayer, presidido por el vicepresidente, Vicente Aparici, quieren evitar la "retroactividad de la ley, que supone graves problemas para los ayuntamientos". En el caso de Nules, y según apunta su alcalde Mario García, existen viviendas construidas que tendrían que derribarse de acuerdo a la ley al cumplirse los 30 años de concesión.
En el encuentro, los alcaldes y concejales participantes acordaron trasladarle al gabinete de asuntos europeos de la diputación los problemas concretos que tienen para elaborar un documento de una pieza que trasladar al europarlamento. En todo caso, la última palabra en este aspecto la tiene el Gobierno español, que es quien debe aplicar la normativa en su costa.
Aparici destacó ayer la necesidad de que "todos los ayuntamientos y administraciones se impliquen si queremos llevar la cuestión al parlamento europeo. Es importante parar el litoral castellonense evitar la retroactividad de la Ley de Costas y la institución provincial no puede ser una excepción. Estamos al lado de las reivindicaciones que son buenas para los municipios".
El alcalde de Almenara, el socialista Vicent Gil, afirmó ayer que su ausencia de la reunión se justifica por su disconformidad con "el intento de buscar rédito político por parte del gobierno de la diputación. Si su interés fuera real, antes, hace 5 ó 6 años habrían tenido que buscar solución al caso o plantear un encuentro entre partidos para aunar posturas".
Las plataformas vecinales y los ayuntamientos de Cabanes, Almenara, Xilxes, Nules y Moncofa trabajan en la confección de un documento similar al que buscan pactar los alcaldes reunidos ayer en la diputación castellonense. Sin embargo, mientras los primeros remitirán sus demandas al Gobierno central, a través de su delegado en Castelló, los segundos buscan llevar el tema a Europa. Ambos con el mismo objetivo: parar los derribos en aplicación de la ley y evitar que sigan adelante los deslindes.
Ayer estaba prevista una reunión de las seis plataformas de vecinos afectados por los anunciados derribos de Costas, pero ha quedado aplazada hasta mañana. En ese encuentro, los delegados vecinales iban a elaborar un documento marco con las peticiones expresadas ya al delegado gubernativo. Unas demandas que buscan una moratoria de la Ley de Costas, una paralización de los deslindes promovidos en cumplimiento de la citada ley, esperar el estudio que la Universidad de Cantabria elabora para conocer la situación del tramo litoral entre Burriana y Sagunto y reclamar que se salven de la demolición aquellas viviendas ubicadas en zonas ya consolidadas en los municipios citados.
Las conclusiones de ese documento asumidas por vecinos y consistorios son una tabla de salvación que va paralela a la aprobación de medidas como catalogar los inmuebles de los núcleos costeros para protegerlos como bienes de relevancia local. Un camino que han recorrido desde Almenara a Cabanes, pasando por Xilxes y Nules.
Mientras tanto, los vecinos confían en mantener en pie las viviendas próximas al mar en las que han vivido o veraneado tanto ellos como sus antepasados.
Otro problema a solventar son los deslindes que en el caso del Prat de Cabanes-Torreblanca afecta a un buen número de propiedades privadas y municipales. r. p. castelló
