Javier Boix, abogado del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha pedido el archivo de la causa abierta en Nules porque los supuestos 5 delitos de fraude fiscal cometidos por el líder provincial del PP estarían "prescritos" en lo que "se refiere a los ejercicios 2000 a 2003". Durante ese período, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado ingresos no declarados por importe de más de 1,3 millones de euros en las cuentas del mandatario popular.
La prescripción fue el argumento principal mantenido por el defensor de Fabra durante la mini-vista celebrada el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, donde las partes afectadas por el proceso concretaron sus alegaciones previas a un hipotético juicio con jurado contra el máximo dirigente del PP en Castelló.
"Desde que se inicia la actuación de los inspectores, éstos tardan 4 años para hacer un informe en el que se indica la posibilidad de que existan indicios, no habiendo sido ratificado dicho informe en sede judicial", aseguró Boix durante su intervención.
Para el letrado, "no hay delito y ni siquiera se deberían practicar diligencias de investigación" porque todo está prescrito.
Durante la mini-vista, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, retiró la imputación contra 9 supuestos implicados en el denominado caso Fabra y se opuso a que el juicio se celebre ante un tribunal con jurado. Por contra, el representante del Ministerio Público decidió mantener la imputación por los delitos de cohecho y tráfico de influencias contra Fabra; el empresario Vicente Vilar; y la ex mujer de éste, Montserrat Vives.
Además, el fiscal pide la imputación del matrimonio Fabra en un delito de fraude a Hacienda por importe de 1,7 millones de euros.
Boix cree que no existen pruebas suficientes contra la pareja y por eso pide al juez que reclame a la Delegación de la Agencia Estatal Tributaria con sede en Valencia las actas de conformidad o disconformidad de Fabra y su esposa "correspondientes a las inspecciones realizadas a dichos contribuyentes durante los ejercicios 1999 a 2002".
Además, Boix solicita que se cite a declarar como testigo al inspector de Hacienda José Luis Risueño Reguillo por ser el "funcionario que realiza las inspecciones a sus patrocinados, tanto por el IRPF como por Patrimonio".
El letrado aseguró ante el juez Jacobo Pin que el informe de los peritos de Hacienda que detecta una cuota defraudada al fisco de un millón de euros no ha sido "imparcial" y que además tiene un valor "nulo jurídicamente hablando" porque no fue ratificado ante el juez. Cabe recordar que el instructor, Jacobo Pin, llamó a declarar a Fabra para que se defendiera de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, pero el líder provincial del PP no acudió alegando una enfermedad.
