El grupo socialista de Castelló ha presentado una moción para que el pleno del ayuntamiento de la ciudad retire el servicio de escolta de Policía Local al concejal y presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El portavoz del PSPV, Juan María Calles, consideró ayer que "el Ayuntamiento de Castelló tiene que dar un ejemplo de ética a la ciudadanía" y añadió que "es incomprensible que policías que podrían estar en labores de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia estén dando protección a un político acusado de graves delitos de corrupción".
Calles recuerda que el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha concluido, en un reciente auto, la existencia de "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de Carlos Fabra por haber mediado ante el Gobierno central para favorecer a la empresa de su ex socio, el industrial Vicente Vilar, y a una mercantil de su mujer.
Calles resaltó que muchos cargos políticos equivalentes al de Fabra en el ámbito de la Comunitat Valenciana no cuentan con ningún tipo de servicio de escolta y que "debe ser el Ministerio de Interior, y no el Ayuntamiento ni la Diputación, el organismo que vele por la vigilancia y protección de los dirigentes políticos si existe algún tipo de amenaza".
El ayuntamiento y la diputación firmaron en 1995 un convenio por el que agentes de la Policía Local de Castelló prestan servicios de escolta al líder provincial del PP. En principio, es la institución provincial quien paga los gastos por este tipo de cobertura de seguridad. Los agentes adscritos, a su vez, dejan de prestar servicios policiales ordinarios en Castelló y actúan de escoltas de Carlos Fabra tanto en la capital, donde tienen competencias para ejercer, como en el resto de la provincia y fuera de estos límites.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Moliner, denunció ayer que el grupo socialista haya vuelto a "trazar una maniobra oportunista" sobre Carlos Fabra al pedir que se le retire la escolta de Policía Local. Para Moliner los socialistas hacen esta petición "saltándose el trámite reglamentario para la presentación de mociones establecido en el Ayuntamiento de Castelló y sin respetar las normas establecidas".
Así, Moliner destacó que, de nuevo, los socialistas "actúan solamente para conseguir titulares en los medios de comunicación, ya que para ellos el problema no está en los escoltas sino en el escoltado".
Devolución de 3,5 millones
Precisamente ayer la Abogacía del Estado enviaba al Juzgado de Nules su escrito de calificación provisional en el que solicita que Fabra devuelva el dinero supuestamente defraudado a Hacienda (886.000 euros), además del pago de una multa de más de 2,6 millones de euros, con lo que, en total, el dirigente del PP debería ingresar en las arcas públicas casi 3,5 millones de euros. La cuantía que solicita la Abogacía del Estado es aún más elevada que la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que a través de su fiscal, Luis Pastor, ha solicitado 15 años de prisión para Fabra por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
La petición de penas de la Fiscalía incluye también 15 años de inhabilitación para cargo público y una multa total de 2,3 millones de euros. La acusación popular, por su parte, reclama 20 años de cárcel para el dirigente popular y añade blanqueo de capitales.
