El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, tratará de convencer el próximo jueves al juez de Nules de que sus ganancias patrimoniales sin justificar por importe de 3,6 millones de euros son traspasos y movimientos que hizo entre sus 90 cuentas corrientes en las que él y su mujer aparecían como titulares, cotitulares o personas autorizadas.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado considera "absurda" esta explicación, según informaron fuentes próximas a este organismo. La Fiscalía recuerda que el informe pericial de los inspectores de Anticorrupción ha detectado decenas de cheques, transferencias y operaciones con tarjetas cuyo origen y destino no ha sido capaz de justificar el presidente del PP en Castelló y que "de ninguna manera se pueden explicar con simples traspasos de unas cuentas a otras".
Las fuentes consultadas aseguran que si se comparan las tablas que recogen los movimientos contables de Carlos Fabra entre 1999 y 2004 se llega a la conclusión de que hay muchos más ingresos en efectivo que reintegros o pagos. Así, se benefició de 240 entregas de dinero en efectivo por 1.800.000 euros, una cantidad equivalente a 24,6 veces su salario de todo un año. Además, durante el período investigado, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por un valor de 2.700.000 euros, es decir, casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.
"Es absurdo que alguien saque una cantidad millonaria el jueves para volver a ingresarla en la misma cuenta el viernes. Lo que había eran unas cantidades millonarias que iban entrando sucesivamente", añaden las mismas fuentes.
El juez de Nules tomará declaración el jueves a Fabra después de que los peritos de Hacienda pusieran en manos del magistrado el informe que detecta cinco delitos de fraude fiscal.
Los inspectores han hallado indicios ante la existencia de "operaciones raras desde el punto de vista tributario cuyo origen y procedencia no se ha podido acreditar".
Los técnicos le imputan a Carlos Fabra un fraude de 253.254 euros cometido en el año 1999; 158.976 en 2000; 141.302 en 2001; 174.836 en 2002; 158.105 en 2003; y 94.459 en 2004 (las irregularidades detectadas durante este último ejercicio no llegarían a los 120.000 euros fijados por el Código Penal para que puedan considerarse delito).
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado quince años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público para el presidente de la Diputación de Castelló por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.
