El Ayuntamiento de Castelló revisará en 2011 el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos de la ciudad ante la caída de ingresos por la crisis económica. El equipo de Alberto Fabra ha solicitado al Gobierno una actualización del catastro, 14 años después de aprobar la última modificación y justo en un año marcado por la celebración de las elecciones municipales, según avanzaron fuentes de la delegación provincial del Ministerio de Hacienda. Esta referencia representa cerca de un 50% del valor real de un inmueble.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la principal tasa de las corporaciones locales, se calcula en base a dicho valor catastral aplicándose un gravamen que aprueba la corporación local. El IBI copa, por ejemplo, la mitad de los ingresos de los impuestos directos (45 millones en 2009), con lo que la renovación del catastro comportará una importante subida impositiva en Castelló. Este hecho explica que seis de cada diez ayuntamientos de la Comunitat Valenciana hayan eludido una actualización en la última década. Y en el caso de la capital de la Plana, el actual catastro procede de 1996. La normativa estatal obliga a realizar las revisiones cada diez años, con lo que a Castelló le venció el plazo en 2006. Este baremo lo valida el Ministerio de Hacienda a petición del ayuntamiento, y hasta el momento el equipo de gobierno local ha obviado reclamar cambios en el catastro, según fuentes ministeriales.

El ejecutivo local ha compensado el bajo coeficiente del catastro con subidas anuales del IBI. La Ley de Haciendas Locales fija para este impuesto un mínimo del 0,4% y un máximo del 1,10% sobre la referencia catastral y el ayuntamiento aplicó para 2010 un tipo medio (0,85%). En este ejercicio ha llevado a cabo una subida de un 1% a instancias de la Ley de Presupuestos Generales.

No obstante, los nuevos cómputos de los inmuebles no estarán en vigor hasta finales de 2011. Las mismas fuentes de Hacienda apuntaron que el proceso de modificación se prolongará un año. Primero, la delegación provincial de Hacienda elaborará los nuevos valores del catastro. Posteriormente, los trasladará al ayuntamiento para que dé el visto bueno y luego saldrán a exposición pública.

"Fines electoralistas"

El grupo socialista y el Bloc consideraron inadecuado revisar el catastro con la crisis y expresaron sus sospechas de que al ejecutivo local le mueven "fines electoralistas". El concejal del PSPV Javier Peris estimó que el PP quiere responsabilizar al Gobierno de posibles incrementos de impuestos "cuando ellos los han subido un 30% en los últimos cuatro años".

El portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, afirmó que el PP tenía que haber renovado el catastro en la época de bonanza. "Aquí ha habido inmobiliarias que han pagado miserias en los tiempos de vacas gordas", apuntó.

Este diario intentó contactar sin éxito con el concejal de Economía y con el delegado de Hacienda.