El sector del ladrillo en la capital de la Plana continúa sin levantar cabeza. El Ayuntamiento de Castelló sólo ha dado licencia de construcción en este ejercicio a 12 unifamiliares y a cinco bloques de casas. En total, 17 licencias que suman 146 viviendas, según consta en las actas de las comisiones municipales de Urbanismo.
El equipo de gobierno ha dado luz verde a cuenta gotas a nuevas promociones inmobiliarias. Las constructoras siguen teniendo problemas para obtener de financiación, lo que demora el resurgir del sector. Así, los munícipes populares han aprobado de enero a octubre 12 licencias de unifamiliares más cinco edificios de viviendas con 134 pisos. El último inmueble, de 72 viviendas, fue validado en la última comisión. Las 146 viviendas de este año suponen una reducción de un 55% respecto a los visados de 2009, un dato que llama la atención teniendo en cuenta que la tramitación de licencias se ralentizó en 2009 por la anulación provisional, a primeros de dicha anualidad, del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló por parte del Tribunal Supremo. El Colegio de Territorial de Arquitectos visó el año pasado 329 casas, un 29% menos que en 2008.
Los expertos ya advirtieron en 2008 que la crisis en el sector perduraría hasta que saliera a la venta el stock de viviendas por vender, en torno a tres años. Y sus vaticinios se están cumpliendo. Castelló acumula uno de los mayores stocks de España, con cerca de 34.000 casas no vendidas, según datos del Ministerio de Vivienda. Esta circunstancia junto a la falta de financiación mantienen al sector en horas bajas.
El desplome del ladrillo ha bloqueado a su vez la mayor parte de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Castelló en 2010. No sólo por la caída de los ingresos procedentes de los impuestos de la construcción, sino también por la imposibilidad del consistorio de sacar a la venta patrimonio municipal, una fórmula con la que el ejecutivo local pretende conseguir el 73% del presupuesto para dichas inversiones.
Intromisión de los bancos
El presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Castelló, Francisco Nomdedéu, ha alertado, además de que la intromisión de los bancos en la compraventa de casas dificulta todavía más la llegada de liquidez a las empresas promotoras. Asegura que un 35% de las promociones están en manos de las entidades bancarias y que éstas ofrecen más facilidades de financiación a sus productos que a los de las inmobiliarias y particulares.
Una de las alternativas para el sector pasa por el alquiler. Nomdedéu señala que un 30% de las ofertas inmobiliarias se han convertido en alquiler. La profusión de esta modalidad ha reducido hasta un 30% los precios de las viviendas en alquiler. Estudios de 50 metros cuadrados se ofertan ahora entre 350 y 400 euros.
La patronal alerta de los recortes
La patronal de la construcción de Castelló ha pintado un negro panorama para 2011 como consecuencia de los recortes previstos por el Ministerio de Vivienda. La organización empresarial (Apecc) ha advertido que el ajuste en las ayudas a la vivienda en 2011 provocará la destrucción de 6.500 puestos de trabajo en la provincia. El Gobierno central ha aprobado un decreto de modificación del Plan de Vivienda 2009-2012, que entrará en vigor en enero, que prevé, según Apecc, la retirada de las subvenciones para la compra de viviendas protegidas así como para la adquisición de suelo para VPP. También una reducción de las ayudas a los promotores de vivienda en alquiler.
Con este tijeretazo, Castelló dejará de percibir el año que viene cerca de 20 millones de euros. Se quedarán sin ayudas 2.700 familias castellonenses y el Estado ingresará 132 millones de euros menos, añade Apecc. Estas medidas, a juicio de la patronal, frenarán la salida al mercado de la VPP, una de las alternativas que baraja la construcción para salir de la crisis.
No obstante, estas cifras hay que cogerlas con cautela. El presidente de los API de Castelló considera que los recortes harán mella en el empleo pero no tanto como dice Apecc. El sector ha perdido 6.500 empleos en los dos últimos años, en un periodo que ha contado con las ayudas que serán suprimidas a partir de 2011. También ha dispuesto de una desgravación fiscal para la compra que tampoco ha amortiguado la caída.
