Los empresarios hosteleros de Castelló criticaron ayer que el Gobierno no conceda ayudas a aquellos propietarios de locales comerciales, bares y restaurantes que tuvieron que acometer reformas para adecuarse a la ley antitabaco.

"No nos parece mal, nos parece peor que a estos empresarios que tuvieron que hacer un desembolso les prometieran unas ayudas y ahora se las pasen por el forro. Es una tomadura de pelo", asegura Carlos Escorihuela, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castelló (Ashotur).

Escorihuela exigió al Gobierno que compense "de alguna manera" a los empresarios por la inversión que acometieron cuando entró en vigor la ley contra el consumo de tabaco en espacios públicos.

Según estima el asesor jurídico de Ashotur, la provincia dispone de aproximadamente unas 10.000 instalaciones hosteleras.

En 2006, el Gobierno impulsó la Ley Antitabaco y fijó que aquellos locales de restauración que contarán con más de 100 metros cuadrados debían habilitar una zona especial para los comensales que gustan de fumar en la mesa.

Por contra, a las empresas pequeñas se le permitió elegir si la clientela podía fumar o debía salir a las terrazas en la puerta del local.

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) cifra entre 2.000 y 3.000 las empresas que tuvieron que realizar inversiones para adaptar sus instalaciones a la separación para clientes fumadores.

En el menor de los casos, como apuntan las fuentes, debían instalar un purificador de aire, cuyo coste señalan los hosteleros es de unos 3.000 euros.

Ahora, con la ampliación de la normativa sobre tabaco que está prevista que entre en vigor el 2 de enero, estos cambios no sirven para nada, puesto que va a quedar prohibido encender un cigarrillo en todos los bares, restaurantes y otros locales de ocio, además de otros espacios cerrados y al aire libre. Y además, no se contempla compensar estos gastos, como han pedido CiU, ERC y el PP.