La Asociación de Vecinos Camí Vell de Peñíscola, que se opone frontalmente al concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio aprobado inicialmente este verano, inicia mañana una campaña informativa dirigida a sus socios y a los propietarios de fincas en la marjal para que reclamen lo que consideran se trata de unos impuestos indebidamente cobrados por el consistorio.

El PGOU vigente de 1977 estimaba que los terrenos de la zona húmeda eran urbanos o urbanizables, por lo que debían pagar el correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Camí Vell estima que del millón de metros cuadrados de los terrenos de la zona húmeda, el consistorio peñiscolano ingresa 200.000 euros anuales aproximadamente. Un propietario de unos 1.000 metros cuadrados paga 200 euros de IBI, por poner un ejemplo, según fuentes de Camí Vell.

En 2001 se produce un vuelco en la situación al decretarse la protección de la zona húmeda y su inclusión en el catálogo de espacios protegidos, pero los recibos siguieron llegando y cobrado irregularmente durante ocho años.

Esto son 1,6 millones de euros. Ezequiel Llorach, presidente de Camí Vell, explicó que han llegado correos electrónicos a la asociación interesándose por las posibilidades de reclamar la devolución de este dinero.

Esta práctica, a priori irregular, fue detectada por los servicios jurídicos de la entidad, que cree que los propietarios están en derecho de reclamar cuatro años de esas contribuciones de naturaleza urbana de un suelo calificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Generalitat Valenciana el 10 de julio de 2001 y exigir la modificación de la calificación catastral.

El próximo viernes la entidad proyectará en la Penya Setrill de Benicarló el corto Peñíscola 2010 sobre las repercusiones urbanísticas del planeamiento urbanístico y tras el video se facilitará información para que los interesados en reclamar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) puedan hacerlo a través de los asesores legales de la asociación vecinal Camí Vell.