Cada funcionario de los juzgados castellonenses tramita a fecha de hoy 364 asuntos anuales, una cifra que a finales de 2010 superará los 400 expedientes y que según los sindicatos UGT, CCOO y STAS da una idea del volumen de trabajo que soportan los empleados de Justicia.

En los últimos tres años, el número de asuntos en la Ciudad de la Justicia ha ido creciendo paulatinamente: 6.810 en 2007; 9.924 en 2008; y 12.946 en 2009. La media de asuntos por juzgado también revela la saturación que sufre la Administración de Justicia en los últimos tiempos: 1.135 casos por órgano judicial en 2007; 1.654 en 2008; y 2.157 en 2009.

Si se comparan los partidos judiciales de Castelló y Valencia se llega a la conclusión de que existe una descompensación: los 24 juzgados valencianos tramitaron 38.672 expedientes (1.611,33 de media) mientras que los 6 castellonenses resolvieron un promedio de 2.157.

Además, los sindicatos aseguran que la entrada en funcionamiento en 2010 del Juzgado de Primera Instancia Número 8 no ha aliviado "en absoluto" el volumen de expedientes, quizás "debido al incremento de los mismos debido a la crisis".

Según el Consejo General del Poder Judicial, Castelló es la cuarta provincia del país en número de asuntos pendientes -a sólo una décima de Alicante- y el partido judicial castellonense soportó una carga de trabajo del 226,20 por ciento.

Para los tres sindicatos, estos datos son ya "insoportables", por lo que han acordado un calendario de movilizaciones que ayer presentaron en rueda de prensa. La próxima semana habrá concentraciones de protesta de 20 minutos, a las 11.00, el jueves y el viernes, y las movilizaciones se sucederán mientras la Conselleria de Justicia no resuelva el problema de las plantillas.

"Estamos trabajando cada vez en peores condiciones y la provincia de Castelló es la que más paga las consecuencias de la política del Consell. No estamos aquí para pedir salario, sino mejores condiciones de trabajo", aseguró Enrique Campayo, delegado de Justicia de CCOO.

Las tres fuerzas han llegado a una unidad de acción sindical y además CSIF se ha sumado a las protestas, "con toda firmeza, ante el anuncio de la Administración Valenciana de proceder a la amortización de determinados puestos de trabajo de gestor procesal en los Juzgados de Primera Instancia de Castelló". CSIF asegura que en la última mesa de negociación sobre plantillas fue el único sindicato en denunciar la "maniobra fraudulenta de la Administración a la hora de llevar a cabo una amortización de plazas encubierta mediante una presunta reordenación".

Por otro lado, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, aseguró ayer durante su visita a Vinaròs que la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Castelló sin incremento de personal se debe "al recorte presupuestario" por culpa de la crisis, aunque reconoció que es necesaria una "mayor coordinación entre la administración autonómica y la estatal", informa J.J. Benito.