Almassora acuerda demoler el último bloque de viviendas del marginal grupo B

SARA FRUCTUOSO ALMASSORA
El pleno de Almassora aprobó ayer, con la mayoría del PP, la oposición del PSPV y la abstención del Bloc, el derribo del último bloque de viviendas del Grupo B. Los dos grupos de la oposición argumentan que la medida no soluciona el problema social del barrio.
El edificio que se demolerá en breve se había convertido en el único foco de marginación y delincuencia de la localidad después de que hace apenas un lustro el consistorio lograra derribar el resto de viviendas del barrio. Ahora, la moción del PP aprobada con sus votos permitirá echar a tierra el inmueble. La propuesta del equipo de gobierno surge tras un acuerdo entre consistorio, Conselleria de Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) construyó este conjunto de viviendas en la década de los 80 para albergar a familias con escasos recursos. Con el paso del tiempo la barriada se convirtió en un mercado de la droga, una "ciudad sin ley" en la que la vida cotidiana estaba marcada por redadas policiales y algún tiroteo para ajustar cuentas entre clanes. El último de estos episodios violentos tuvo lugar en junio.
Con la firma del convenio cae el último reducto de la marginación en la localidad. La zona, según han confirmado fuentes municipales, será objeto de un plan de reestructuración junto al nuevo centro de salud y el campo de fútbol José Manuel Pesudo. El acuerdo contempla la declaración del barrio como Área de Renovación Urbana, un proyecto para el que el Ministerio de Fomento destinará 8.196.000 euros que incluirá nuevas edificaciones.
El edificio se encuentra en un estado de deterioro generalizado "a nivel estructural, de saneamiento y de instalaciones eléctricas". Este "punto de conflicto" ha dado tradicionalmente una pésima imagen de la parte oeste de la localidad, una situación que cambiará con la construcción de 60 Viviendas de Protección Pública (VPP) y la reurbanización del entorno. La primera fase del proyecto obliga a realojar a las familias afectadas y a demoler el bloque 167 de la avenida José Ortiz.
El equipo de gobierno aprovechó ayer la comisión de Gobernación previa al pleno para trasladar a la oposición el documento que especifica el proyecto. "Hemos considerado que el pleno debía conocer el documento, aunque no es necesario". Así las cosas, "lo hemos elevado en forma de moción dado que entró en el consistorio a última hora del pasado viernes 10 y el pleno se había convocado el día 9", recordó ayer el alcalde, Vicente Casanova.
El alcalde expuso la posibilidad de aprobar el proyecto a través de un decreto de alcaldía que finalmente no se producirá por el interés del equipo de gobierno en debatir el proyecto en el pleno. Hoy mismo, la Conselleria de Urbanismo y el Ministerio de Fomento certificarán las actuaciones para que Casanova pueda firmar ya el acuerdo con el Consell.
El resultado de este empeño municipal, que durante años ha sido callado y constante, "será posible gracias a la reivindicación y firmeza que el Consell, y que María Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda, ha transmitido con vehemencia al Ministerio de Fomento".