El alcalde de Almassora, Vicente Casanova, suscribió ayer el convenio que permitirá derribar las viviendas del 167 de la avenida José Ortiz, el conocido como grupo B y construir otras 60 viviendas VPO nuevas, a través de la declaración del sector como Área de Renovación Urbana (ARU). La rúbrica en presencia del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, se produjo ayer en la delegación del Gobierno en Castelló, junto a la firma de otros tantos convenios con los ayuntamientos de Vinaròs, Artana y les Coves de Vinromà.

Almassora será la única localidad, junto a la valenciana Gandía, que desarrollará un proyecto de estas características en el ámbito de la Comunitat. "En ambos casos, se pretende dar solución a una problemática que, en el caso de Almassora pondrá punto y final a una problemática histórica con la que la población, especialmente el edificio de VPO anexo al inmueble, así como los barrios de Pío XII, Boqueras, Fátima y Corell", ha señalado el primer edil.

El acuerdo suscrito entre las tres administraciones públicas permitirá desarrollar una inversión de 8.196.912,76 euros, de los cuales el 47,92% serán aportados por el Instituto Valenciano de la Vivienda Sociedad Anónima, titular de las viviendas que ahora se van a derribar. El resto de las cuantías serán sufragadas por el Ministerio de Fomento, que aporta el 30,12% de la inversión, y la Generalitat Valenciana, que se encargará de abonar el 21,96% restante.

El primer edil de Almassora entregará copia del convenio a las asociaciones de vecinos de Fátima, Boqueras y Corell, así como al presidente del bloque de viviendas anexo al edificio 167. "Creemos que todos ellos, tal y como se lo pude transmitir personalmente en una reunión, deben tener una copia de este documento". Por último, Casanova ha lamentado que la firma del proyecto no haya sido respaldada por los dos grupos políticos en la oposición. Una circunstancia que, en opinión del alcalde, "nos hace pensar que hay quienes, lamentablemente, piensan demasiado en sus intereses políticos de cara a unas elecciones para las que todavía quedan cinco meses, en lugar de pensar de forma responsable en el pueblo".

Otros convenios

En cuanto al resto de acuerdos, el de Artana implica la creación de un área de rehabilitación integral para beneficiar a 85 familias que tendrá un coste de 2,4 millones de euros, de los que la Generalitat aportará 673.000 euros, el Ministerio 787.000 y el Ayuntamiento 375.000 euros. Además, la urbanización del suelo en el Plan de Reforma Interior R02 de Vinaròs contará con una inversión de 652.000 euros (439.000 euros a cargo del Ministerio, 152.700 del promotor y 60.000 euros de la Generalitat) y posibilitará la edificación de 140 viviendas protegidas.

Por último, también se ha firmado un acuerdos para la construcción de alojamientos protegidos en alquiler destinados a colectivos vulnerables en les Coves.