SERGI PITARCH CASTELLÓ
Sin "bous al carrer" no hay fiesta. Ese es el sentimiento instalado en muchos alcaldes de municipios de la Comunitat Valenciana que organizan sus fiestas patronales entorno al toro bravo. De hecho, en municipios como Burriana se ha llegado a prescindir de conciertos de música por la exhibición de astados. El problema viene cuando, con la intención de contentar a sus ciudadanos, se estira más el brazo que la manga y se contrata servicios que después es complicado abonar. Así, ente 250 y 300 consistorios de la autonomía, alrededor del 70% de los ayuntamientos que durante el año pasado contrataron reses bravas para la celebración de festejos taurinos, todavía debe a los ganaderos el dinero acordado por el alquiler de los animales utilizados en estos actos, según denunció ayer la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer. Es más, en algunos casos los impagos se remontan a 2009, lo que ha provocado una situación insostenible.
Este incumplimiento en las obligaciones por parte de un porcentaje tan elevado de consistorios "complica un poco más la ya de por sí precaria situación que atraviesan los criadores de ganado bravo en la Comunitat Valenciana", denuncian desde la patronal ganadera. Esta situación de morosidad institucional contrasta con la diligencia con que trabajan las peñas festeras, que cumplen "a raja tabla" con los pagos a los ganaderos. Son los festeros y los consistorios los que se suelen repartir la contratación de los "bous al carrer".
Los ganaderos criticaron que las explotaciones de estos profesionales "vienen sufriendo, al igual que sucede en todo el ámbito ganadero, el tremendo impacto de la escalada sin precedentes que durante los últimos meses han experimentado costes de producción tan básicos para su funcionamiento como los piensos, que han subido un 30%, o el gasóleo".
"Los gastos nos ahogan. En las actuales circunstancias la rentabilidad de nuestras ganaderías se encuentra más en entredicho que nunca y, por eso, si los ingresos que teníamos previstos, como sucede con los contratos suscritos con los ayuntamientos, no nos llegan a tiempo la situación se vuelve insostenible para nosotros en términos económicos", aseguró el presidente de la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer, Vicente Benavent.
"Entendemos los problemas financieros que tienen las administraciones, pero sus responsables también tienen que ponerse en nuestro lugar y comprender que necesitamos que nos paguen cuanto antes porque son muchas las explotaciones ganaderas que se están jugando su futuro", defendió Benavent, quien advirtió de que están "al límite".
En este sentido, el máximo responsable de la Asociación de Criadores de Bous al Carrer señaló también que a los retrasos en el pago por parte de los ayuntamientos se suman los que se están produciendo en las ayudas previstas para razas autóctonas y mejora de la competitividad en el sector.
Los ganaderos no han cifrado el montante total de deuda, pero 20 horas de alquiler de toro bravo, unos dos o tres días de festividad en un pueblo, puede costar entre 6.000 y 8.000 euros. Este coste multiplicado por los más de 250 ayuntamientos y las diversas festividades podría suponer cifras astronómicas que ponen en serio peligro la continuidad de las pequeñas ganaderías, muchas de ellas negocios familiares.
Los "bous al carrer" están muy arraigados en la Comunitat Valenciana. La provincia de Castelló puede vanagloriarse de ser la más taurina de España. Por ejemplo, sólo seis de sus 135 municipios no celebran espectáculos taurinos, con más de 1.000 días de festejos, reuniendo todas las modalidades existentes. En el cómputo autonómico, Valencia acoge el 42% de los festejos, Castelló el 46,1% y Alicante el 11,4%. Y sin contar los toros en plaza.
Por su parte, la Comunitat Valenciana cuenta con unas 140 ganaderías de bravo y un censo total de más de 11.000 animales. Este sector genera más de 300 empleos directos y origina un volumen de negocio superior a los 16 millones de euros, según la entidad.