La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, personada como acusación particular en el caso Fabra, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el archivo acordado por la Audiencia Provincial de Castelló, cuyos magistrados consideraron en un reciente auto que cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales cometidos por el presidente del PP y de la diputación, Carlos Fabra, están ya prescritos.
Según informó ayer la Cadena Ser, el recurso de la Unión de Consumidores contra el archivo de cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputan al presidente de la diputación sostiene que la querella que se interpuso contra él interrumpe la prescripción, figura legal en la que se apoyó la Audiencia de Castelló para tomar esta decisión.
No sólo eso, sino que además, según el recurso, la Audiencia ha acordado la práctica de diligencias para perseguir esos delitos fiscales que ahora archiva. Según el documento, en una prueba pericial decidió que se investigaran "todas las fuentes de renta y las actividades económicas" de Carlos Fabra para determinar si había defraudado al fisco en los últimos 5 años. "Una prueba que no estuvo paralizada en ningún momento, tal como alegó la Audiencia de Castelló, ya que los peritos estuvieron pidiendo al juzgado información para completar su informe".
Por último la Unión de Consumidores recuerda que el archivo va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que interrumpen la prescripción del delito "todas las diligencias indispensables encaminadas a preparar la celebración de las sesiones de la vista oral".
A pesar de su auto, la Audiencia deja claro que el caso debe continuar, es decir, que debe celebrarse el juicio contra el presidente del PP y de la Diputación de Castelló. Y aunque ha adelgazado la causa, quedan delitos importantes, ya que Carlos Fabra sigue acusado de un delito de tráfico de influencias y otro de fraude fiscal, supuestamente cometido en 1999, año en el que defraudó a la Agencia Tributaria 253.000 euros.
