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La reducción de extranjeros indocumentados y la caída del empleo en Castelló se tradujo también en un descenso del 50 por ciento en las órdenes de expulsión de inmigrantes, que pasaron de 600 a alrededor de 300 el año pasado. Según la Subdelegación de Gobierno, esta variación también se debe a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que restringe la posibilidad de expulsión a aquellos casos en los que el extranjero tenga antecedentes o haya delinquido.
El 12 por ciento de las órdenes de expulsión de extranjeros dictaminadas por la Subdelegación de Gobierno de Castelló en 2010 afectaron a personas procedentes de países desarrollados, mientras que la gran mayoría restante -el 88 por ciento- afectaron a inmigrantes de países empobrecidos, según consta en la estadística del propio Ministerio del Interior.
El número de órdenes de expulsión ascendió a un total de 315 distribuidas entre inmigrantes de 43 nacionalidades distintas. No obstante, sólo 40 de las personas sancionadas eran nacionales de alguno de los países que se consideran desarrollados.
Marruecos, China, Senegal, Brasil, Argelia, Pakistán, Nigeria, Ecuador y Bolivia son los países que encabezan un listado que saca a relucir las contradicciones de una democracia que defiende los derechos humanos y, al mismo tiempo, cierra sus puertas a quienes llegan con menos recursos en la legítima búsqueda de una vida mejor. Esta paradoja se refleja especialmente en una política policial que tiene como premisa los controles y la petición de documentación a todas aquellas personas cuyo aspecto reúna dos características clave: tener aspecto de extranjero y de proceder de un país más pobre.
Una observación periódica de la actuación policial en puntos como la calle Mayor o la plaza de la Pescadería evidencia que una de las mayores pistas que utilizan los agentes de la Policía Nacional es el color de piel.
A este respecto, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo señaló que los cuerpos de seguridad "realizan miles de controles e identificaciones y no aplican en absoluto ningún tipo de discriminación".
Pese a ello, las políticas de control de extranjería y la regulación de flujos migratorios exigen unos controles en los que resulta difícil discernir la línea divisoria en la que una identificación rutinaria podría convertirse en una discriminación por el color de piel.
Documentación
La realidad demuestra que, por ejemplo, ser negro de clase media y pasear por el centro de Castelló multiplica las posibilidades de que la policía te exija la documentación y te interrogue en plena calle.
Africanos, asiáticos y latinoamericanos se han convertido en los principales objetivos de los mencionados controles policiales a la busca de personas que no tengan su residencia en regla. Sin embargo, un seguimiento visual de estos interrogatorios revela que la policía no suele parar e interrogar a personas con aspecto evidentemente extranjero no comunitario, pero sí "occidental".
Por el momento, los argumentos del control fronterizo y las supuestas políticas de seguridad prevalecen y dejan en papel mojado el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".
