El recurso fuera de plazo que ha presentado la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo no impedirá que Hacienda pueda dirigirse en el futuro contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, para exigirle la devolución de casi un millón de euros supuestamente defraudados.
Fuentes próximas al caso lamentan que la abogada del Estado haya dejado correr el plazo para recurrir la prescripción de los supuestos delitos de Fabra, pero añaden que esta incidencia "no altera para nada la posibilidad de exigir las cuantías defraudadas" por el político popular.
Un informe de la Fiscalía Anticorrupción ha detectado 3,7 millones en ingresos sin justificar en las cuentas de Carlos Fabra correspondientes al periodo 1999-2004. Tales ingresos originaron una cuota al IRPF de casi un millón de euros, que el líder provincial del PP dejó supuestamente de abonar al fisco.
Las fuentes judiciales señalan que el futuro del caso depende de lo que diga el Tribunal Supremo respecto a la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública. Si el alto tribunal confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Castelló de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales, será irrelevante que la abogada del Estado haya presentado el recurso fuera de plazo. Si por el contrario los magistrados del Supremo corrigen el auto de la Audiencia castellonense y ordenan que prosiga la instrucción, este error tampoco será trascendente, ya que la investigación seguirá abierta en el Juzgado de Nules y tanto el fiscal anticorrupción como la acusación particular y la propia Abogacía del Estado podrán reclamar las cantidades adeudadas.
"De modo que el recurso fuera de plazo de la Abogacía del Estado no tiene mayor trascendencia", insisten las fuentes próximas al caso Fabra.
La abogada del Estado en Castelló, Bárbara Aranda, no ha querido hacer declaraciones y el Ministerio de Justicia estudia emprender medidas al respecto, según informó la Cadena Ser.
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de Castelló y concejal, Pep Grau, ha instado a la Subdelegación del Gobierno a que solicite a la Abogacía General del Estado la destitución de su representante.
"Los funcionarios públicos deben asumir la responsabilidad por los fallos de su gestión", apuntó Grau, quien reclamó que se "depuren las responsabilidades pertinentes" por la actuación de la abogada del Estado.
En su opinión, la "falta de diligencia" en el cumplimiento de su labor "impedirá que la Abogacía de Estado defienda el enjuiciamiento de Fabra por los cinco delitos fiscales que se le imputan y por los que, presuntamente, defraudó a Hacienda 900.000 euros".
Cabe recordar que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción ultiman un segundo informe sobre las cuentas del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que el abogado del político conservador aportara nuevos documentos bancarios.
