La empresa gestora del centro de viviendas tuteladas de Castelló tiene quince días para abonar las nóminas pendientes a sus ocho trabajadores, en caso contrario, la Generalitat, que también es responsable de los impagos por su retraso a la hora de pagar las ayudas públicas a la adjudicataria, rescindirá el contrato del proyecto a la Asociación de Mujeres en Igualdad de Castelló, una entidad próxima al PP que preside la esposa del delegado del Consell en Castelló, Joaquín Borrás.
La Conselleria de Bienestar Social se hizo ayer eco de la denuncia de la plantilla de la vivienda tutelada de Castelló, publicada por Levante de Castelló, y remitió a la concesionaria una notificación por escrito en la que insta a resolver los impagos en quince días con la amenaza de anular la adjudicación. La Generalitat aportó el 15 de julio los salarios de marzo, abril y mayo a la empresa y los ocho empleados denunciaron el lunes que dicho día todavía les adeudaban seis mensualidades.
La directora general de Familia y Mujer, Celia Ortega, explicó a este diario que en el caso de que la empresa no resuelva estos impagos en el plazo marcado "incurriría en un incumplimiento del contrato y habría que rescindirlo". Asimismo, subrayó que el Consell tiene pendiente abonar la retribución de junio.
El personal de la vivienda tutelada, que atiende a doce mujeres en riesgo de exclusión, responsabiliza a la empresa de los retrasos por su"mala gestión". La presidenta de Mujeres en Igualdad, María Luisa Espinosa, resaltó que el lunes ya liquidó tres nóminas y que las tres restantes se aportarán a lo largo de este mes. Espinosa alegó que además de las retribuciones (que representan el 90% del gasto) han de hacer frente a los gastos de funcionamiento.
El Consell también es responsable de estos retrasos, ya que hasta el 15 de julio no pagó las mensualidades de marzo, abril y mayo. Asimismo, ha eludido durante cuatro meses las reclamaciones del personal. La directora general de Familia y Mujer aseguró que hasta ayer no tuvo constancia de la existencia de impagos en la vivienda tutelada de Castelló. Sin embargo, el departamento de Bienestar Social conocía estos hechos desde marzo y hasta ayer no tomó cartas en el asunto. Los trabajadores enviaron en marzo dos escritos a la conselleria alertando de esta situación; uno fue destinado a la directora del área de la Mujer e Igualdad, Mercedes Igualada, y un segundo al director territorial de Bienestar Social , Vicente Tejero. Entonces, la dirección general de la Mujer e Igualdad contestó a los empleados que debían dirigirse a la Mujeres en Igualdad.
EU y Bloc piden explicaciones
Los diputados autonómicos de Compromís y EU, Josep María Pañella y Marina Albiol, exigieron ayer explicaciones al Consell por los problemas económicos que padece la vivienda tutelada.
