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Cerca de 5.000 niños y adolescentes de la provincia de Castelló comenzarán el próximo curso escolar en barracones debido al déficit crónico de infraestructuras educativas y al eterno retraso de las obras previstas por la Generalitat Valenciana, según datos facilitados ayer por el sindicato UGT.

En total, las mismas fuentes estiman que a lo largo de las comarcas de Castelló se habilitarán alrededor de 350 aulas prefabricadas.

Parte de ellas se utilizarán en diez centros educativos (con alrededor de 2.700 estudiantes) que todavía esperan la construcción del correspondiente edificio, algunos desde hace más de seis años: colegio Jaume I de Vinaròs, colegio Ángel Esteban de Benicarló, colegio Benadressa de Castelló, colegio José Soriano de Vila-real, colegio Cardenal Tarancón de Borriana, colegio Pio XII de Onda, colegio Pedro Alcázar de Nules e Instituto de Educación Secundaria (IES) Honori García de la Vall d'Uixó. El resto de los barracones se diseminarán en decenas de institutos y colegios de toda la provincia que, pese a disponer de edificio, necesitan una ampliación o se encuentran en proceso de reformas.

Una de las principales causas de esta situación es el incumplimiento de las actuaciones previstas en el mapa escolar aprobado por la Conselleria de Educación en 2004 en el marco de los planes "Crea escola" y "Millora Escola". El primero de ellos se centra en la construcción de nuevas instalaciones y el segundo en la remodelación de las ya existentes.

Siete años después, según datos facilitados por fuentes sindicales, más de 50 de las actuaciones comprometidas todavía se encuentran pendientes de ejecución y ni siquiera disponen de presupuesto. El responsable de educación de UGT en Castelló, Laureà Puig, denunció que las infraestructuras educativas de Castelló "sufren una paralización casi total debido al grave déficit de más de 2.000 millones de euros de la empresa pública que supuestamente debe construir los centros, Ciegsa, y a la falta de liquidez de la Generalitat Valenciana".

En su opinión, la precariedad de los centros educativos "es el reflejo de una realidad mucho más grave y de un modelo del Partido Popular que quiere llevar a la privatización un servicio fundamental como la educación".

A este respecto, Puig subrayó que lo más preocupante es que la presencia de estudiantes en barracones no se traduzca en obras para construir nuevos centros. "Si los niños asistieran a barracones el tiempo necesario para crear un nuevo centro, lo veríamos el mal menor e inevitable. Pero la realidad es que los niños estudian en barracones y no hay ningún centro en construcción esperándoles. Lamentablemente, son muchos los que han comenzado su ciclo escolar en aulas prefabricadas y van a acabarlo sin conocer un colegio en condiciones".

"Degrada" el proceso educativo

Según UGT, la precariedad de las instalaciones "degrada" seriamente el proceso educativo. "La falta de centros adecuados afecta tanto a profesores como a estudiantes, porque no te permite realizar ciertas actividades con normalidad, al margen de los muchos inconvenientes que surgen con situaciones que deberían ser tan normales como una simple lluvia".

El sindicato subrayó que es consciente de las dificultades económicas, pero instó al Consell a "dar prioridad a la educación, la sanidad y los servicios sociales en lugar de derrochar dinero en eventos como la Fórmula 1".

El fracaso escolar afecta a 4 de cada 10 estudiantes en Castelló

El fracaso escolar afecta cada año a cerca de 10.000 estudiantes en Castelló (4 de cada 10 alumnos), que se sitúa como la tercera provincia de España con más fracaso escolar, según datos facilitados por CCOO, el Instituto F de Educación Educativa y Magisterio.

Según las citadas fuentes, el porcentaje que alumnos que no pueden obtener el graduado escolar se eleva en las comarcas castellonenses al 42,5 % (9.600 de los 22.700 censados). Estos negativos resultados de Castelló sólo se ven superados por las provincias de Alicante y Ceuta.

Mientras tanto, los centros de educación privada avanzan en la provincia de Castelló y durante la última década han crecido un 9% por encima de los de titularidad pública en las enseñanzas no universitarias. Este contexto, marcado por la crisis de las arcas públicas, alimenta todavía más las críticas de los colectivos que temen una privatización de la enseñanza pública.