El secretario general de la Unió, Ramón Mampel solicitó además adecuar el código penal a los tiempos actuales. "A lo mejor roban cobre en granjas y pozos que en el mercado vale 500 euros, pero los daños que han ocasionado para conseguir ese cobre igual ascienden a 15.000 euros", denunció, por lo que planteó la posibilidad de "computar el dinero de los daños". "Al delincuente español lo tenemos que controlar y meterlo en prisión y a los extranjeros extraditarlos a sus países y que delincan allí", sentenció. Mampel también reclamó más coordinación policial e instó a los agricultores a denunciar.
En el acto también estuvo presente el presidente de Fepac-Asaja Castelló, Néstor Pascual, quien manifestó la "impotencia" del sector ante los continuos robos e hizo un llamamiento para que toda la sociedad se una y combata conjuntamente esta lacra. "Estamos abandonando el campo y en parte es por esta razón", dijo. "Hay que endurecer el código penal", concluyó.
Por su parte el representante de Asaja en Benicarló, Francisco Vallés, responsabilizó a la clase política. "La deficiencia en seguridad es su responsabilidad y la ley está casi más a favor del delincuente que del afectado", aseguró.
José Francisco Bueno Taus, propietario de uno de los tractores sustraído hace dos semanas, también asistió a la cita. Bueno mostró su impotencia ante los hechos. "Los cuerpos de seguridad no han podido hacer nada y actualmente son más bien escasas las esperanzas de que los encuentren", dijo.
Según reconoció, "un tractor es media vida para un agricultor, tienes alarma, vallas, puertas, ¿qué más puedes hacer?, ¿quedarte allí para que te peguen una paliza?", se preguntó.
