Junts per la Tinença (JPT), formación que está en la oposición de la Pobla de Benifassà con tres ediles frente a los cuatro del PP, ha denunciado el "abandono" del Consell hacia la comarca y el "incumplimiento" de los acuerdos que debían suponer un revulsivo para la Tinença, a raíz de la aprobación del Parque Natural.
El compromiso cristalizó en un acuerdo por parte del Consell que fue representado por el castellonense Víctor Campos (PP). "Seis años después de nada ha servido para que a la Tinença de Benifassà lleguen las inversiones que el territorio, los pueblos y sus gentes se merecen", criticaron desde JPT.
Los representantes de Junts per la Tinença aseguran además que las diferentes propuestas que han planteado relativas a mejoras en la comarca están siendo "ninguneadas", lo que a su juicio supone "una total falta de respeto y sentido democrático hacia una formación y personas que tratan de mejorar la comarca con propuestas positivas".
Recogida de firmas
Por este motivo, Junts per la Tinença ha iniciado una campaña de recogida de firmas para recordar a la Generalitat Valenciana la deuda histórica que tiene con la comarca, una cuestión que según la formación "es un asunto de justicia social y, además, así está firmado".
En cuanto a las partidas y proyectos concretos, desde la entidad detallaron que "exigimos 10,6 millones de euros para la protección de la naturaleza, los 17,2 millones que había proyectados para la mejora de la infraestructura viaria provincial y local, así como los 2,2 millones para infraestructuras hidráulicas".
Entre las acciones pendientes también reclaman "los 305.000 euros para patrimonio cultural, los 80.000 para adecuar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los 142.897 para la mejora de la asistencia sanitaria en la zona, los 60.000 para el fomento del turismo y los 800.000 euros para la rehabilitación de viviendas".
Por este motivo, en la campaña de recogida de firmas se reclama "el cumplimiento íntegro" del acuerdo suscrito por el Consell en marzo de 2005, que se comprometía a ejecutar actuaciones para paliar o corregir los déficits de infraestructuras y de dotaciones de servicios y equipamientos en los núcleos de población implicados. Esto es, la Pobla de Benifassà, las pedanías del Boixar, Fredes y Coratxà, la entidad local menor del Ballestar y los municipios de Vallibona y Rossell.
En este escrito la Generalitat se comprometía además a que las actuaciones se llevaran a cabo en un periodo de cinco años. Una comisión coordinada por el delegado del Consell en Castelló debía reunirse, "al menos dos veces al año y tantas veces como sea necesario" para dar un seguimiento a estas actuaciones.
