La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (ACDESA/FADSP) ha alertado de que el cierre de 262 camas en nueve hospitales valencianos propiciará una derivación de pacientes de los departamentos donde se han clausurado las plazas -todos de gestión pública- a los hospitales vecinos gestionados en régimen de concesión administrativa por empresas privadas, "con el consiguiente flujo de dinero hacia ellos".

La situación es factible en Alicante, donde ya funcionan tres departamentos de salud de manera privada: Elx-Vinalopó, Torrevieja y Denia, y se han cerrado 159 camas en seis hospitales.

ACDESA sostiene que la falta de camas afectará a las listas de espera, ya que al disponer de menos plazas se operará menos, y deteriorará la calidad de la asistencia sanitaria.

La federación asegura que la mala gestión y planificación sanitaria de los últimos años, unida a la agresiva política de privatización que en vez de contener el gasto lo incrementa son las verdaderas raices de la importante deuda sanitaria que la Comunitat Valenciana tiene con los proveedores, "mientras se destinan fondos a gastos sunturarios como aeropuertos sin aviones o circuitos de Fórmula 1".

Una de las propuestas que plantea la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública es recortar en cargos de asesores e implicar más a los profesionales en la solicitud de pruebas diagnósticas y prescripción farmacéutica donde, según la entidad, "sigue habiendo un margen importante de mejora".

ACDESA exige al conseller de Sanidad, Luis Rosado, un cambio de política sanitaria en la que se priorice la inversiones públicas, se ponga coto a la política privatizadora y se mejore el uso de recurso tecnológicos de la sanidad pública. "Estamos convencidos de que un mejor uso de los recursos prublicos y la eliminación de la derivación privatizadora se puede asegurar el mantenimiento de la sanidad pública pero para ello hay que antponer la salud de todos a los intereses de negocio de unos pocos".

Por otra parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, ha calificado de "vergonzoso" que el cierre de camas. "Solo -agregó la diputada- son capaces de recortar las plazas hospitalarias de gestión pública mientras que a los hospitales de gestión privada continuamos pagándoles cada año más dinero, a pesar de que recortan sus servicios a los pacientes y disminuyen las retribuciones a sus trabajadores".

Cambiar los contratos con las UTEs

Oltra se mostró partidaria de conseguir un cambio drástico en los contratos con estas empresas, "que en un ejercicio de una extrema falta de ética, están recortando servicios y personal con la excusa de la crisis, a pesar de que no han visto recortadas las aportaciones de la Generalitat".

La UGT, por su parte, ha instado al conselelr de Sanidad a reunirse con los representantes de los trabajadores para rentabilizar los centros de la consellería con los profesionales y empleados públicos, en vez de recortar recursos que pueden afectar a la asistencia sanitaria y a la calidad de ésta.

Por otra parte, la diputada de Esquerra Unida en las Corts, Marina Albiol, criticó la paralización de la construcción de seis hospitales previstos desde 2003, como adelantó ayer Levante-EMV, denunció que "no se puede gestionar la sanidad con criterios exclusivamente economicistas" y que "los recortes no se pueden hacer en los servicios públicos esenciales".

La líder de candidata de Unión de Progreso y Democracia a la Moncloa, Rosa Díez, declaró ayer a Efe que el cierre de camas es el "ejemplo perfecto" de "hasta qué punto hay incompetencia e insolidaridad", pues "no se sabe planificar a medio plazo ni recortar de aquellos sitios que son priviegios, duplicidades o despilfarro".