Alrededor de 800 familias castellonenses se verán afectadas por el nuevo decreto que regula las primas de las instalaciones fotovoltaicas y que supondrán un perjuicio económico de 50 millones de euros en los próximos 25 años, solamente en la provincia de Castelló. Así se dio a conocer ayer en el acto de constitución de la delegación en la capital de la Plana de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper) cuya presidencia ostentará el ingeniero de Nules, Vicente Mora.
Mora explicó que con la nueva legislación se establece una disminución de las primas de un 30 por ciento los próximos tres años y un 10 por ciento el resto de vida de las instalación. El presidente explicó que esta merma supondrá problemas económicos a los inversores ya que se trata de "aportaciones pequeñas que, en algunos casos, se han financiado con préstamos bancarios". "Si bajan la prima no podrán hacer frente a la deuda", añadió.
Vicente Mora apuntó que los socios de Castelló se sumarán a las medidas judiciales que emprenderá en breve la asociación y que consistirán en pedir una responsabilidad patrimonial al Estado al considerar que las primas iniciales "son un derecho reconocido". Cabe señalar que la nueva legislación tienen carácter retroactivo. Por otro lado, Mora también anunció medidas sociales y políticas.
El recién nombrado presidente de Anper en Castelló aseguró que la nueva ley "obedece a las presiones de las grandes empresas eléctricas que nos consideran intrusos" y recordó que los inversores en energía fotovoltaica no cobran los bonos por emisiones de CO2. Actualmente, la instalación de estas plantas ocupan una superficie de 800.000 m2 en la provincia.
