El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, anunció ayer a través de un comunicado de prensa que ha solicitado una reunión en Bruselas con la presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, para hacer entrega de las 40.000 peticiones de ciudadanos recogidas en defensa del litoral castellonense y hacer lobby europeo ante la aplicación de la Ley de Costas 22/1988.

Moliner aseguró que confía en el Parlamento Europeo, "pese a no tener competencias en la legislación nacional de costas, para que pueda hacer reflexionar al Gobierno español para que revise la ley y detenga esta arbitraria y discriminatoria normativa, principalmente porque afecta a uno de los más importantes principios de la Unión Europea, el respeto a los derechos fundamentales, que están siendo violados".

En la carta, el presidente provincial expone la actual situación de la costa castellonense, con alrededor de 600 casas que fueron construidas antes de 1988, cuando surgió la ley, "que son amenazadas cada día con la aplicación de la ley por el Gobierno español, quién no preserva, protege ni restaura la costa, a lo que sí está obligado, pero que persigue demoler cientos de casas dejando sin hogar a las familias que han nacido y crecido ahí".

Moliner también hizo mención en la misiva a que, si no se actúa rápidamente, "el mar seguirá avanzando y la memoria de muchas generaciones, las casas de cientos de familias, pueblos marineros enteros y el valor histórico y cultural de la costa de Castelló pueden desaparecer".

Cabe recordar que la Diputación de Castelló ha creado la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense para defender a aquellas personas, poblados marítimos y municipios cuyas viviendas y propiedades públicas y privadas se ven afectadas por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988. Para más información se puede consultar el website http://plataforma.dipcas.es. Los pueblos afectados por la Ley de Cotas son: Alcalà de Xivert, Almenara, Almassora, Benicarló, Burriana, Cabanes, Castelló, la Llosa, Moncofa, Nules, Orpesa, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes. Asimismo, las viviendas susceptibles de ser derribadas ascienden a más de 600, según el cómputo realizado por la Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral.