El Ayuntamiento de Vila-real exigió ayer a la Generalitat Valenciana el desbloqueo "inmediato" del Palacio de Justicia tras 3 años parada y al saber por los medios de comunicación que la Conselleria de Justicia ha dado un ultimátum a la adjudicataria, Becsa, para que acuerde la cesión de los trabajos a otra mercantil.
Becsa tiene hasta hoy de plazo para realizar las gestiones oportunas. En caso contrario, el Consell resolvería el contrato y volvería a sacar a licitación el proyecto. Aun así, el alcalde, José Benlloch, valoró la posibilidad de desbloquear las obras después de tres años. "Después de tanto tiempo y del modelo de financiación por el que optó la Generalitat para este proyecto, no sería coherente que se optara por una solución que perjudicara a la empresa adjudicataria y a todas las empresas, muchas de ellas locales, que han trabajo en las obras y que están pendientes todavía de cobro".
La empresa contratista, según fuentes de la Generalitat, solicitó un período determinado para intentar llegar a un acuerdo con otras mercantiles que pudieran estar interesadas en asumir el proyecto y así, "poder culminar la cesión de los trabajos y a su vez, reiniciarlos en breve".
En cambio, la empresa Becsa no ha querido dar a conocer a este periódico la decisión que va a tomar frente a la conselleria, mientras que este organismo está a la espera de noticias que le lleven a continuar con la obra o volver a licitarla de nuevo. Y es que, si la empresa adjudicataria no logra su objetivo de ceder la obra a otra mercantil, la Generalitat "resolverá el contrato actual y sacará a concurso lo que resta por ejecutar del Palacio de Justicia, un 66%".
