SARA FRUCTUOSO ALMASSORA
El equipo de gobierno de Almassora desestimó ayer las alegaciones presentadas a la subida de tasas de las instalaciones deportivas al considerar que son "estimaciones subjetivas" que no contraponen la legalidad. Los populares cerraron así uno de los capítulos más polémicos de la gestión y que tiene por objeto paliar el déficit de más de 482.000 euros que arrastra la piscina.
Una vez más, el Bloc tendió la mano al equipo de gobierno para negociar otra fórmula que no obligue a incrementar las tarifas de la piscina. El portavoz del PP, Luis Martínez, mantuvo la oferta para reunirse pasadas las fiestas navideñas y buscar otras alternativas. Mayor distancia es la que separa a ambos grupos de la formación socialista, muy crítica a través de Joan Antoni Trenco, que lamentó los "muchos defectos de las instalaciones" y "muchos problemas no acordes con el precio".
El portavoz de los nacionalistas negó tal evidencia. "Tan mal tampoco está, el funcionamiento es perfecto porque, de lo contrario, quedaría constancia en el servicio", matizó Xavier Trenco, que coincidió con el equipo de gobierno en que un aumento del uso del gimnasio ha incrementado los fallos del servicio y obliga a emprender un mayor esfuerzo en mantenimiento. Para los socialistas, "las instalaciones dan pena" Entre otras, enumeraron fallos en sauna, baño turco y gimnasio, que provocan "un aumento de precios totalmente injustificado".
Para el Bloc, el punto que requiere una revisión es la subida de las tarifas y su propuesta es "que el usuario pague por los servicios que utiliza". En su opinión, este incremento de los precios supondrá una fuga de usuarios. "La situación será más grave todavía porque los recursos serán menores" añadió. Por ello, quedó "a la espera de un acuerdo con el equipo de gobierno" mientras las nuevas tasas entran en vigor con el año nuevo.
Amortización de plazas
El pleno sacó adelante con la abstención de la oposición la amortización de una plaza de Policía Local, un punto contra el que alegó el sindicato del Cuerpo. Sin embargo, los servicios técnicos municipales confirmaron la legalidad del proyecto al señalar que la plaza que se amortiza con computa como policía porque no presta servicio directo.