Si el Consell hubiera hecho el anuncio el pasado miércoles 28 habría sonado a inocentada. Pero fue ayer, víspera de Nochevieja, cuando anunció a través de una nota de prensa que deja sin efecto el acuerdo que firmó en marzo con la empresa Concesiones Aeroportuarias -gestora del aeropuerto de Castelló- por el elevado coste económico que implica para las arcas autonómicas. A tres meses de la fecha prevista de puesta en marcha, la infraestructura se queda sin gestor y el Consell plantea la posibilidad de recurrir a AENA, dinamitando el modelo de concesión privada por el que apostó hace casi una década. Esta medida unilateral aboca al aeropuerto a los tribunales, ya que la concesionaria reclamará el dinero invertido en la construcción y el lucro cesante. De hecho, ya ha interpuesto una demanda por incumplimiento contractual de la Generalitat.

El inesperado comunicado remitido ayer señala que la ruptura es con Globalvía (FCC y Caja Madrid), socio mayoritario de la concesionaria. Sin embargo, el contrato vincula a la administración autonómica con la empresa gestora, integrada también por Bancaja, Lubasa y PGP. Según la Generalitat, la sociedad pública Aerocas, presidida por Carlos Fabra, ha tomado esta decisión "por responsabilidad", para minimizar el "impacto" en "las "arcas públicas" y habla de un ahorro de 30 millones. Llama la atención que la Generalitat considere ahora inasumibles las condiciones que ella misma pactó -Camps dio plenos poderes a Fabra para negociar- hace unos meses con la concesionaria y que se plasmaron en la rúbrica de un nuevo contrato entre Aerocas y Concesiones el pasado 23 de marzo. El virtud de este acuerdo, la Generalitat se comprometió a asumir las previsibles pérdidas de la gestora en los ocho primeros años de vida del aeropuerto. Nueves meses después, el Consell recula al entender que es excesivo el gasto que lleva aparejado, de ahí que vaya a buscar "otra vía de gestión".

Ya no se habla abrir en abril

La Generalitat apunta que Aerocas ya está trabajando en "una nueva fórmula sin Globalvía mucho más económica, que se basará en la contratación de un operador acreditado". Y cita la posibilidad de recurrir a la entidad estatal AENA, como ha ocurrido en el nuevo aeropuerto de Murcia. Lo cierto es que a tres meses de la fecha anunciada de apertura, la Generalitat prescinde de la empresa que ha construido el aeropuerto y que tiene encomendada su comercialización. Es significativo que ayer ya no hablara de la puesta en marcha en el mes de abril, sino "tan pronto como sea posible"

Demanda de la concesionaria

La versión de lo ocurrido es muy distinta en cada una de las partes. Desde Aerocas apuntan que el conflicto con la concesionaria -que llevó a Fabra a amenazar con un rescate público- se cerró en falso en marzo. Según dicen, Globalvía no tiene un interés real en gestionar aeropuertos y su plan de negocio está en otro tipo de infraestructuras, de ahí que busquen un gestor comprometido y que suponga un menor coste económico.

En el lado de la empresa privada consideran que la realidad es que la Generalitat no puede cumplir lo que ella misma pactó. Según ha podido saber este diario, la concesionaria interpuso el jueves una demanda contra Aerocas en los juzgados de lo mercantil de Castelló por incumplimiento de contrato. En concreto, por no haber aprobado una carta de patrocinio, que se trata de un documento por el cual la Generalitat debía avalar a la empresa privada ante los bancos que le prestan liquidez. Tendría que haberse aprobado en septiembre, pero el Consell no ha cumplido.

El tema no acaba aquí porque la concesionaria ha invertido más de 100 millones de euros en la construcción del aeropuerto y lo lógico es que los reclame por vía judicial.