La ruptura del acuerdo con la concesionaria del aeropuerto de Castelló por parte de la Generalitat puede suponer un importante desembolso a las mermadas arcas autonómicas. La hasta ahora adjudicataria (Concesiones Aeroportuarias) llevará al Consell a los tribunales por incumplimiento del contrato y le reclamará el pago de más de 80 millones de euros, una cifra que corresponde al gasto que ha invertido la empresa en la construcción de la infraestructura, según avanzaron ayer fuentes de la misma.
El coste de las obras del aeropuerto, que fue inaugurado en marzo sin aviones, ha ascendido a los 110 millones de euros, de los que 70 los aportó la concesionaria y los 40 restantes el Gobierno valenciano a través de un préstamo participativo. El Gobierno valenciano adeuda otros 12 millones en sobrecostes. Asimismo, Concesiones Aeroportuarias pedirá una compensación por perder una concesión de 50 años, con lo que el montante total que tendría que pagar la Administración autonómica podría superar los 100 millones de euros.
La salida de la adjudicataria ha sido la guinda para un aeropuerto de Castelló que desde que inició sus trámites hace diez años ha ido acumulando un sinfín de problemas. El Consell rompió la semana pasada el contrato que había suscrito con Concesiones en marzo al considerar demasiado elevadas las pretensiones económicas del gestor y apuntó que recurrirá a otro operador, deslizando la posibilidad de Aena, para tirar adelante con las instalaciones aeroportuarias. Hace nueve meses, la sociedad pública del aeropuerto, cuyo accionariado está copado casi al 99% por la Generalitat, modificaba el acuerdo con la adjudicataria tras amenazar el socio mayoritario de la misma (Globalvia, integrado por FCC y Bankia) con marcharse si no eran mejoradas sus condiciones. Aerocas garantizó entonces que asumiría las pérdidas durante los primeros ocho años de funcionamiento, además de hacerse cargo en este tiempo de la gestión de la torre de control y de la seguridad; a cambio la firma privada mantenía la explotación y renunciaba a cobrar el canon anual de 6 euros por cada pasajero de menos respecto a la previsión inicial.
Ahora, el ejecutivo de Alberto Fabra se niega a hacer frente a las pérdidas y ha decidido rescindir el contrato , con el argumento de que de esta forma se ahorrará 30 millones de euros, y subrayó que se afanará en negociar con otro operador.
Sin embargo, la marcha del gestor privado abre un nuevo frente jurídico a la Generalitat. Concesiones Aeroportuarias reclamará al Consell por la vía judicial la inversión que ha llevado a cabo en la obra. El jueves pasado ya interpuso una demanda contra Aerocas en el juzgado de lo mercantil por no aprobar una carta de patrocinio, una documento por el que la Administración autonómica debía avalar a los bancos que le prestan liquidez. Los abogados de Concesiones estudian en estos momentos el total de la cuantía que solicitarán al Gobierno valenciano.
Moliner avala la ruptura
El presidente de la diputación y vicepresidente segundo de Aerocas, Javier Moliner, consideró ayer "necesaria" la ruptura del acuerdo para garantizar la viabilidad de esta infraestructura en los actuales tiempos de crisis. Cuestionado sobre si alguien va a dimitir en Aerocas, que preside Carlos Fabra, Moliner afirmó que no será él y matizó que "más que un fracaso podemos hablar de conseguir las máximas posibilidades de uso".
