La operadora mantiene en pie la antena de telefonía móvil en un edificio de Peri 18 de Castelló pese a la orden de desmantelamiento dada por el ayuntamiento, según confirmaron ayer fuentes vecinales.
El ejecutivo local ordenó el pasado 5 de diciembre "el restablecimiento de la legalidad urbanística, procediendo a la demolición de la instalación de telefonía móvil en Cronista Revest". Dio un plazo de un mes para el cumplimiento de este requerimiento. Ya ha transcurrido este tiempo y la operadora ha hecho de momento oídos sordos a esta decisión. A partir de ahora, el equipo de gobierno podrá actuar de oficio y tendrá tres meses para desmontar la instalación.
El caso de la antena de Peri 18 se inició hace medio año, cuando los servicios municipales detectaron irregularidades en dicha antena. Previamente, el ayuntamiento había sido apercibido por los vecinos del barrio. Según el vecindario, la antena de telefonía no tenía licencia urbanística y no había pagado las tasas municipales, lo que derivó en la apertura de un expediente de infracción. Tras constatar los técnicos que la antena no cumplía con la legalidad, el ejecutivo local decidió abrir el citado expediente sancionador contra la empresa que finalizó a primeros de diciembre. La comisión de Desarrollo de la Ciudad aprobó el 5 de diciembre la orden de desmantelamiento y entonces el portavoz del PP, Miguel Ángel Mulet, subrayó que "el Ayuntamiento de Castelló se ha limitado a cumplir con la legalidad más estricta a la hora de tramitar el expediente de instalación de esta antena". "Esa fue la actitud que se trasladó a los vecinos del Peri 18 y esa sigue siendo la manera de proceder que ha dado como resultado este acuerdo de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad", abundó.
El expediente municipal apuntaba que en el caso de que la incumpla la petición, el ayuntamiento empresa procederá a la ejecución subsidiaria, "con imputación de los gastos, daños y perjuicios a costa del obligado".
La operadora mantiene la antena, y todo apunta que seguirá en la calle Cronista Revest al menos tres meses más, el periodo establecido para la ejecución forzosa.
Larga movilización
Los vecinos deberán esperar para ver colmada su aspiración. Son más de seis meses de protestas, en los que han recogido cerca de 500 firmas y han mantenido diversas reuniones con el equipo de gobierno y con los grupos políticos de la oposición. Tras el rifirrafe inicial, los munícipes populares asumieron la demanda vecinal y llevaron a cabo el preceptivo procedimiento legal para tirar abajo la telefonía móvil. El grupo socialista había solicitado en diferentes ocasiones al equipo de gobierno municipal que atendiera las peticiones de la asociación vecinal, cosa que al final hizo.
