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El último informe de la Sindicatura de Comptes -relativo al año 2010- desvela que la Generalitat cerró el año debiendo a la empresa pública Ciegsa cerca de 300 millones de euros pendientes de pago de construcciones educativas en la provincia de Castelló.

Esta cifra pone en evidencia el comprometido momento económico en el que ha desembocado la gestión de la Conselleria de Educación y la polémica entidad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa), que en reiteradas ocasiones ha sido calificada por los partidos de la oposición como un agujero negro que no rinde suficientes cuentas del uso del dinero público.

A 31 de diciembre de 2010, Ciegsa había invertido en las comarcas castellonenses 328,7 millones de euros destinados a centros escolares de infantil, primaria, especial y secundaria a lo largo de los diez años de existencia de la entidad, creada en el año 2000.

Esta cantidad se enmarca dentro de una inversión global de 2.121 millones de euros en toda la Comunitat Valenciana (809 millones en Alicante y 983 millones en Valencia). Del total de 2.121 millones de euros, la Generalitat aún adeuda a la sociedad 2.111 millones, lo cual supone que un 99,5% de lo invertido todavía está pendiente de pago. Esta circunstancia deriva la presión a las cuentas de Ciegsa, que a su vez mantiene deudas millonarias con bancos y proveedores.

A fecha de 31 de diciembre de 2010, Ciegsa había concluido en Castelló un total de 89 proyectos de construcción en centros educativos y se encontraba en fase de ejecución de otros 55, todavía pendientes de la finalización de la obra.

En suma, el volumen de obra desarrollado por Ciegsa en Castelló supone alrededor del 16% de su actividad global en toda la Comunitat Valenciana.

El Síndic de Comptes hace especial hincapié en tres aspectos: las irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos, el excesivo aplazamiento del pago a proveedores y los intereses millonarios que suponen los mencionados retrasos.

Así explica el informe del Síndic su advertencia respecto a los proveedores. "La memoria indica que el saldo pendiente de pago a los proveedores al cierre del ejercicio 2010 cumple con los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio. Esta Sindicatura no ha dispuesto de la información suficiente para poder verificar el contenido de la misma. No obstante, la revisión de los contratos seleccionados ha puesto de manifiesto importes pendientes de pago cuyo aplazamiento supera el plazo legal establecido".

Además, recuerda que el pago aplazado está saliendo caro al bolsillo de los ciudadanos. Según la Sindicatura de Comptes, el importe total de los costes del pago demorado de las construcciones de centros terminados en el ejercicio 2010 asciende a 9,9 millones de euros. Por último, la sindicatura cuestiona una serie de irregularidades legales y falta de transparencia en los procesos de adjudicación de contratos públicos por parte de Ciegsa.

La crisis económica de Ciegsa confluye con el nuevo modelo de escuelas de pago y de gestión privatizada en suelo público presentada por el PP. Los colegios serán adjudicados a empresas que recibirán suelo público de forma gratuita a cambio de construir un centro privado concertado y de explotarlo durante 75 años pagando un canon anual. El Consell prevé ahorrar 3.400 euros por alumno. De este modo, la conselleria se ahorraría el coste de alzar nuevos centros y de mantenerlos en un contexto marcado por la falta de liquidez y por la incertidumbre respecto a los 60 proyectos del Mapa Escolar de 2004 que todavía se encuentran pendientes en la provincia de Castelló. El Consell tampoco tendría que contratar el profesorado, que será privado y dependerá de los criterios mercantilistas y discrecionales de la empresa concesionaria.

Los 350 barracones costarán este año 2 millones al Consell

La Conselleria de Educación gastará este curso alrededor de 2 millones de euros por el alquiler de los más de 350 barracones provisionales instalados en los centros educativos de la provincia de Castelló, según estimaciones facilitadas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Los cálculos de ambas formaciones sindicales coinciden al apuntar un precio aproximado de 11 euros por mes y metro cuadrado, lo cual -teniendo en cuenta los diferentes tamaños de aulas prefabricadas utilizadas en Castelló- se traduce en un promedio global de 6.000 euros por barracón y año.

A juicio de los sindicatos, se trata de un gasto poco justificable si se tiene en cuenta que la existencia de aulas prefabricadas no se debe a procesos de construcción de nuevos centros educativos que conllevaría el necesario traslado de los alumnos a otro lugar de estudio, dado que en la provincia de Castelló únicamente se están culminando las obras del Pio XII de Onda y actualmente no consta la existencia de otros proyectos en marcha.